El abogado explicó que “ésta no es una cuestión comercial sino más profunda y dramática pues Internet, según los decretos vigentes del Poder Ejecutivo, tiene la misma protección que la libertad de prensa y de difusión de opiniones y de recabar datos”.
Tiempo atrás, Telecom anunció cambios a partir del 4 de abril del 2005 en los productos de banda ancha mediante tecnología ADSL. Mediante notas remitidas a sus clientes, presentó el cambio que significa pasar de 256 Kb a 512 Kb de velocidad de navegación como un obsequio (algo que también hace en su portal en internet). Esta duplicación abarca también a los servicios que se hayan contratado de 512kb (que pasan a 1 megabit) y a los de 1mbps, que pasará a ser de 2mbps.
Fuentes de la empresa dijeron, en ese momento, que esas modificaciones “se deben a una evolución de los productos, acorde con el crecimiento de las aplicaciones multimediales disponibles en Internet, que requieren cada vez más ancho de banda. A esto responden la duplicación de la velocidad y la introducción del concepto de segmentación por volumen en los productos de banda ancha de Telecom”.
En ese momento, ya habían surgido voces en contrario a la determinación de Telecom. Estas voces auguraban que la “la duplicación de la velocidad de las conexiones, acarreará una limitación en la transferencia mensual”.
Soppelsa indicó, respecto de la acción interpuesta, que “al imponerse en forma monopólica un importante cambio de tarifas, prácticamente se dejará fuera del sistema (de acceso a la red) a la mayoría de los usuarios hogareños y que concurren a los ciber”, acotó.
Esta sería la primera acción judicial de este tipo que se inicia en nuestra región en un intento para que se revea esta medida.
Soppelsa fundamentó el planteo en que “la gente no ha advertido el fin de la llamada tarifa plana de la banda ancha. A partir del nuevo cuadro tarifario, la empresa deja de brindar una banda ancha a cambio de un abono con un límite después del cual habrá que pagar un adicional por un exceso no tolerado de transferencia de datos”.
“Eso, a nuestro juicio, es una cuestión que está totalmente reñida con el espíritu de Internet; esto no sólo afectará el uso directo (de la red) sino que también provocará una inflación de precios a nivel de las empresas”, advirtió.
En este sentido, se indicó que el juez federal subrogante habría ordenado el traslado de la demanda a la Fiscalía para que se expida sobre la competencia del Juzgado. “Creemos que la competencia de la Justicia federal es absolutamente clara”, sostuvo.
