Más adelante, MIzawak explicó que Uruguay comenzó en el mes de febrero con una presentación ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que anticipaba que los bloqueos fronterizos le ocasionarían perjuicios a ese país y peticionaban que ese organismo tomara conocimiento de esto para una posible posterior actuación.
Agregó que a eso le siguió una presentación formal ante el Mercosur, donde solicitaron negociaciones bilaterales por el tema del bloqueo, lo que no se llegó a instrumentar, y que, al fracasar estas negociaciones, el paso siguiente previsto en el Protocolo de Olivos fue la constitución del tribunal arbitral a pedido del Estado, en este caso el uruguayo.
Acotó que, si bien aún no se han formalizado reclamos por escrito por el parte del Uruguay ante el Mercosur por los perjuicios económicos generados por el bloqueo, se conoció extraoficialmente que se realiza esta evaluación. Igualmente, agregó que a la Argentina las plantas también le ocasionaron perjuicios económicos concretos, más allá del que producirá por la cuestión medioambiental.
Finalmente, explicó que al Mercosur van los Estados nacionales, no la provincia. “En este caso peticionó la formación del tribunal arbitral el Estado uruguayo y la Argentina aceptó esta constitución, porque propuso incluso a su árbitro, que es el doctor Héctor Masnata”, comentó la fiscal, tras lo cual destacó el gesto de la Cancillería de haber convocado a la provincia para opinar y participar en la estrategia de la contestación.
