Después de que el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Paraná emitiera una sentencia prohibiendo al Gobierno provincial autorizar más desmontes, representantes de distintas localidades de la provincia denunciaron la continuidad de la tala indiscriminada en sus lugares, a pesar de la medida judicial que obliga al Estado a detener el avance de las topadoras. El gobierno entrerriano, sin embargo, apeló la semana pasada el fallo de la jueza Leonor Pañeda y cuestionó la sentencia, por lo que el caso se encuentra en las manos de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que será el responsable de dirimir el conflicto.
Sin perjuicio de la decisión final de la Justicia, la destrucción de los bosques nativos —al igual que el proyecto de instalación de una planta de celulosa en la costa del Uruguay—, fue uno de los temas principales en la agenda de trabajo y discusión que reunió durante el fin de semana a las organizaciones ambientalistas en el XII encuentro de la Red Socioambiental de Entre Ríos y Uruguay.
Representantes de organizaciones uruguayas y argentinas que estuvieron reunidas en la sede de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) para debatir y acordar formas conjuntas de trabajo en los principales problemas sociales y ambientales que afectan hoy a la región. Todas ellas resolvieron “reconocer y comprometerse con el fallo judicial dictado por Leonor Pañeda, que ordena al Gobierno de Entre Ríos el abstenerse de otorgar nuevas autorizaciones de desmonte, hasta tanto se realice un estudio integral de impacto ambiental sobre las causas que han posibilitado la devastación del bosque nativo y se cumpla con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley Nacional General del Ambiente Nº 25.675.
Convocar al Gobierno a la revisión de sus políticas en la materia y el debido cumplimiento de la sentencia judicial. Destacar, fuertemente, que el modelo de los monocultivos es la principal causa de escenarios de fuertes procesos de contaminación y devastación de la diversidad cultural, productiva y biológica de nuestros territorios, que se manifiesta tanto desde el modelo sojero, como el impuesto por las grandes plantaciones de eucaliptos y pinos, que se expresan claramente con el intento de instalación de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay. Que en este marco, se denuncia el avance de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) en la que se enmarca la decisión de construcción de los puentes Colonia-Buenos Aires y Paraná-Santa Fe, con el claro objetivo de favorecer el nuevo puerto de la ciudad de Santa Fe, y el absurdo escenario de proponerlo como parte de una integración urbana, de cemento, silos, grandes depósitos y concentración urbana, en el valle de inundación del Paraná medio, escenario más que delicado en términos de seguridad ambiental y de la propia infraestructura ya existente, como lo es el túnel subfluvial.
El jueves ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de resolución para que, a través de la Secretaría de la Producción, el Ejecutivo provincial declare la emergencia ambiental en todo el territorio provincial y tome los recaudos y medidas urgentes a efectos de controlar la contaminación producida por los diferentes productos químicos utilizados especialmente en el cultivo de la soja.
En las zonas rurales de Entre Ríos se han determinado graves inconvenientes, los que habrían sido ocasionados por la contaminación con productos químicos utilizados para la eliminación de plagas y enfermedades en los sembrados, especialmente de la soja.
Se ha comprobado la muerte de abejas, hecho denunciado por apicultores, luego que desde aviones fumigadores fueran esparcidos estos venenos; lo mismo ha ocurrido con reclamos y denuncias hechas por productores de porcinos y con la comprobación de gran mortandad de peces en distintos arroyos.
También, autoridades municipales de Paraná Campaña manifestaron su inquietud, incluso a través de los medios de comunicación; y el médico Darío Gianfelice, de Cerrito, realizó una serie de advertencias sobre las graves consecuencias que a la salud humana trae aparejado el uso de esos productos. En este sentido, es importante destacar que hace algunos meses falleció un miembro de la Policía que durante varias horas estuvo cumpliendo funciones en un campo sembrado con soja, que recientemente había sido fumigado, en el departamento Diamante y existen serias sospechas de que la muerte se produjo por el contacto con esos tóxicos.
