“El reclamo es por la modificación o derogación del decreto 5.369, que habilita al IAFAS a privatizar los casinos. Aunque el gobierno diga que no es así, la letra permite interpretar que se pueden privatizar todos los casinos de la provincia”, dijo el prosecretario de Finanzas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Guillermo Cubas.
El gremio presentó a principios de noviembre un recurso de revocatoria, que se encuentra actualmente en estudio en la Fiscalía de Estado. Aunque el área tiene 60 días hábiles para despacharse, los empleados esperan que se actúe “con la misma celeridad” con que se hizo el decreto.
Pero además entienden que dicha norma, “se hizo para poder realizar la licitación del casino de Victoria y, al haberse cambiado el pliego, en función al requerimiento de ATE para evitar la privatización de los juegos de paño, ya no tiene razón de ser”, expresó Cubas.
“Si le cuesta mucho al gobierno generar otro expediente o dictamen para que se modifique, directamente pedimos que se derogue”, sostuvo el dirigente y explicó que “más allá de la promesa del gobernador de no privatizar, el decreto sigue vigente”.
Luego añadió que los empleados quieren, de una vez, “poder trabajar tranquilos porque, en todas las gestiones, tenemos siempre la espada de Damocles de la privatización”, expresó en diálogo con APF.
