Este argumento es interpretado por algunos hombres del gobierno y miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como la Fundación Poder Ciudadano que mantiene desde hace tres años una constante lucha para que las declaraciones juradas de los jueces tengan carácter público, “como una mera excusa” esgrimida por la corporación judicial. Se trata –cuestionan– de un artilugio para esquivar el reclamo de la sociedad de dotar de mayor transparencia al Estado.
En todo caso no se trata de un problema exclusivamente vernáculo. La ONG fundada por el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), debió iniciar una acción de amparo para que los jueces federales cumplan con lo establecido por la Ley de Ética Pública. Pero, a casi un año de presentado el recurso, el expediente sigue dando vueltas ya que ningún magistrado aceptó entender en la causa, bajo el argumento de no querer ser juez y parte. “No podemos auto intimarnos a revelar nuestras posesiones porque estaríamos de los dos lados del mostrador”, comentó un integrante –próximo a jubilarse– de la Justicia local.
Apenas sancionada, algunas provincias adhirieron con buenos reflejos a la norma nacional. Santa Fe, por caso, lo hizo con ligeras modificaciones, y el Chaco fue incluso más audaz y creó una página de internet en la que figuran no sólo el listado actual de las propiedades de cada miembro del Superior Tribunal de Justicia y jueces menores, sino sus últimos recibos de sueldos y hasta los facsímiles de las declaraciones juradas que han presentado ante la Administración Federal de Impuestos (AFIP).
En Entre Ríos, en cambio, no parece existir demasiado interés en el gobierno, ni en el propio Poder Judicial, para poner en vigencia un sistema similar, pese a las declaraciones públicas. Las diferencias que el Ejecutivo mantiene con algunos jueces, alimentaron el rumor de que el gobierno giraría a la brevedad un proyecto para conminarlos a presentar sus declaraciones juradas de bienes. Pero esa versión fue desautorizada oficialmente.
Consultado por UNO, el secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia, José Carlos Halle, aseguró que el gobierno “no está trabajando en el tema”, aunque afirmó que una ley que obligue a los jueces locales a dar a conocer su patrimonio contaría con el apoyo de la ciudadanía y sería bien vista por la gestión que encabeza Jorge Busti.
Aunque la totalidad de los funcionarios judiciales indagados por UNO manifestaron que no tendrían el menor inconveniente en presentar sus declaraciones juradas, expresaron sus reservas en cuanto a las “verdaderas motivaciones” que se esconden detrás de esa idea. Para el vocal de Sala I de la Cámara del Crimen, Felipe Celli, sería “saludable” que todo los jueces expusieran su patrimonio. “Nadie se opondría a una iniciativa como ésa, siempre y cuando la información se preserve, porque no quiero ni imaginarme lo que harían algunos personajes si estuviera en sus manos el listado completo del patrimonio de aquellos jueces que les caen antipáticos”, expresó preocupado el camarista.
Fuente: Diario Uno
