A continuación, reproducimos las declaraciones realizadas por Diego Young al diario uruguayense.
«El fiscal respondió una serie de preguntas relacionadas al tema de seguridad, y se comparó lo que acontece a nivel nacional con nuestra localidad.
«Este tema en la ciudad no tiene la gravedad que en las grandes capitales, Gran Buenos Aires y la misma ciudad de Buenos Aires. Es decir, nosotros tenemos una Policía que satisface las apetencias de la gente, con todas las limitaciones que tiene hoy en día esta función. Al mismo tiempo somos pasivos en cuanto a la llegada de este tipo de delitos de otras ciudades del país, porque no somos un grupo aislado. En Entre Ríos, los casos de secuestros extorsivos seguidos de muerte, prácticamente no ha habido en los últimos 30 años, es decir que la calidad del delito es muy otra. El problema es en grandes ciudades, donde hay negocios que se arman y desarman, por el dinero que gira en torno a ellos. Tres están sumamente vinculados: el robo de automotores, la destrucción de estos para la venta y la droga. Aparentemente, mano sobrante de estos delitos bien perseguidos en algunos sectores, han buscado en el secuestro alguna otra fuente de financiamiento. La sociedad se alza de alguna manera contra eso y contra la idea de que entran por una puerta y salen por la otra, lo cual es cierto. Todo esto tiene que ver con la legislación Penal y Procesal». También calificó «de izquierda» a los que se oponen al aumento de las penas.
Cumplimiento de las penas
Consultado por el reclamo planteado por el cumplimiento efectivo de las penas, Young indicó:
«Es un reclamo que supera todas las ideologías y que tienen todas las ciudades. Aparte de ello, hay un reclamo que hace Blumberg, que está bien hecho, que es el cumplimiento real de las penas. Nosotros estamos bregando para que haya limitación en las facultades de los indultos o reducciones de penas, porque resulta que cuando se condena a un delincuente a 10 años de prisión, resulta que con las reducciones, este hombre no llega a cumplir cuatro, ya que tiene salidas laborales. En el 90 por ciento de estos casos, el hombre sale a la casa de algunos amigos a seguir delinquiendo. Es la verdad en el país y en nuestra ciudad esto sucede por no haber organismos que fiscalicen el cumplimiento de la salida laboral. Es lo que pasa a veces con la probation, la que da resultado en algunos sectores de casualidad y no por control, pero está visto que en las salidas laborales en el país, el resultado es el fracaso. El fracaso de la Ley 24.660 de Ejecución de Penas y por eso el reclamo de que se cumplan las penas».
–Doctor Young, lo que usted dice se contrapone a lo manifestado hace pocos días por el doctor Rossi, quien asegura que los delitos cometidos por internos con salida son mínimos.
–Yo pienso que Rossi está equivocado. El se consustancia con el interés del condenado, porque él vive visitando a los delincuentes presos y se hace carne del sentir de los delincuentes, donde si va a una Unidad Penal, se parece a un liceo de señoritas. Lo que ocurre es que cuando salen se dedican a cometer ilícitos. Es cierto que la Policía adolece, no por vicios propios, de falta de investigación, pero en última instancia hay un dato de la realidad que es un porcentaje enorme de gente que sale y vuelve a delinquir. Sobre todo de aquellos con salida socio-laboral. Lo que Rossi no puede desconocer es que nadie controla estas salidas.
–¿Qué opinión le merece la solicitud de mayores penas a portadores de armas y el control en el uso de celulares?
–Puede dar resultados, como debería dar resultado la prohibición de hablar por teléfono desde los Penales o la prohibición de tener celulares en las Unidades. Hoy se delinque desde las Unidades Penales. Todo puede dar resultado en la medida que se fiscalice el control del cumplimiento de todo esto. Pero si jueces como Rossi entienden que es un derecho humano el hablar desde celular de una Unidad Penal, entonces toda medida adoptada para el control de celulares, es absurda. Se sabe que el aumento de las penas no tiende a la eliminación o disminución de la intensidad del delito, pero en última instancia el aumento provoca la detención de las personas por más tiempo y así esté un mayor tiempo fuera de la sociedad a la que regresará violando las reglas que ya ha violado. Es decir que este factor de aislamiento en el sistema punitivo argentino no se ha tenido en cuenta. Los países anglosajones –con menor índice delictivo– no persiguen la readaptación, pero los aíslan a través del cumplimiento de penas severas y así estén fuera de la sociedad durante un tiempo importante. Si se reeducan mejor, pero esa no es la finalidad del Sistema Penal. Tampoco lo es para el Sistema Constitucional argentino, donde el artículo 18 de la Constitución dice que las cárceles serán para seguridad y no para castigo, sin nombrar que son para readaptar. Son para seguridad y la seguridad es para el interno y la sociedad, que es que pasen la mayor cantidad de tiempo dentro de las Unidades. Las penas perpetuas es un reclamo legítimo y deberían ser como la palabra lo dice, perpetuas, es decir que no salgan nunca más y así pasa en los países civilizados. No es el derecho humano salir a los 20 o 25 años, es un derecho humano para la sociedad que aquel que tiene alta posibilidad de reincidir, no verlo en las calles al día siguiente.
–¿Por qué hay bloques políticos que se oponen?
–Son bloques de izquierda que tienen una natural postura en contra de la Policía o fuerzas de seguridad. Ellos han ideologizado este sistema, cuando, en realidad, es un reclamo de la sociedad por su seguridad y sin distinción de banderías políticas. Es una izquierda atrasada y no puede comprender estos fenómenos de las sociedades modernas. Se ha perdido la educación moral y de principios en la Argentina, la que decayó catastróficamente en los últimos 50 años y es la razón de la tragedia que vivimos.
