Me dirijo a Uds. a los efectos de manifestarles el apoyo de nuestra gestión municipal a la iniciativa del Gobernador Gustavo Bordet de solicitar la revisión de la ley que impide comercializar madera a la República Oriental del Uruguay. Avalamos y adherimos esta solicitud, en la opinión de que es oportuna y beneficiosa.
Concordia y su zona de influencia tienen más de 140.000 hectáreas forestadas. La región de Salto Grande es históricamente uno de los distritos con mayor producción de madera en la Provincia de Entre Ríos.
La cadena foresto-industrial integra un amplio proceso que involucra a diversos actores, desde la producción de las plantas en vivero, la plantación, la administración de la forestación, la cosecha de la madera, su industrialización y reprocesamiento en otros productos (muebles principalmente), hasta la comercialización final.
Las restricciones actuales afectan negativamente este proceso, provocando también que aserraderos y otros emprendimientos del rubro elijan trasladarse a otras provincias con condiciones más favorables.
Esta medida propuesta por el Gobernador posibilitará mejores condiciones de comercialización y fortalecerá a un sector estratégico para la Provincia.
Desde nuestra gestión, en un trabajo articulado con los Intendentes del Consorcio Intermunicipal y los Intendentes de ciudades vecinas, propiciamos acciones conjuntas con la Intendencia de Salto y otras localidades uruguayas, reforzando los lazos de fraternidad con nuestros vecinos y promoviendo la integración, el turismo, las buenas prácticas de gobierno y el desarrollo.
Seguramente la misma visión de futuro y objetivos comunes alienta la propuesta de nuestro Gobernador, a la que expresamos nuestro apoyo y acompañamiento.
BREVE REFERENCIA DE LA LEY A REFORMAR
La Ley de la Madera fue aprobada 10 días antes de las elecciones del 2007. Prohíbe exportar desde Entre Ríos rollizos destinados a Botnia o a cualquier otra de las pasteras que se construyen en el Uruguay.
Una vez en vigencia, los productores que no la cumplan podrán ser sancionados con multas, el decomiso de sus embarques e incluso la clausura de sus empresas.
El proyecto se aprobó después de que el gobernador Jorge Busti hiciera un pedido expreso de celeridad.
Esa ley vale destacarlo fue declarada inconstitucional por los gobernadores de Corrientes y Misiones debido a que para transportar rollizos por la provincia tenían que mostrar tanta documentación que complicaba la comercialización.
