“En las escuelas no existen medidas de seguridad. Ninguna tiene los elementos básicos imprescindibles; ni siquiera hay matafuegos. Está el caso de la Escuela Normal de Villaguay cuyas puertas abren al revés de toda lógica: en vez de hacerlo hacia afuera, abren hacia adentro. Si ocurriera la desgracia de algún incendio, los chicos deberían salir por las ventanas porque además los vidrios que se rompen no se reponen”, se quejó Marta Madoz, secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).
Patricia Buselli, directora de la Escuela Normal José María Torres, un complejo adonde acuden 1.700 personas por día y que depende de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), admite que los recursos para seguridad en los establecimientos educativos no abundan. “En realidad, no contamos con partidas específicas, aunque de igual forma algo siempre se hace, sobre todo con recursos que gestiona la cooperadora. Hay matafuegos, pero no en cantidad suficiente, y se toman los recaudos. El año pasado, por ejemplo, hicimos un simulacro de evacuación. Pero siempre es todo voluntarismo de la propia institución”, observó.
En Educación no existen fondos específicos para mantenimiento de los edificios; mucho menos para elementos como matafuegos, alarmas o sistemas anti incendios. Y la razón es elemental: de los más de 400 millones de pesos que el Estado destina a educación, un 82,5 por ciento se ocupa en el pago de salarios de 44 mil docentes que se desempeñan en escuelas públicas; un 17,17 por ciento corresponde a transferencias a escuelas públicas de gestión privada, con lo cual casi el 98 por ciento se va en sueldos. Para bienes de uso, como mobiliario, esquipamiento o ampliación de edificios, se destina nada más que el 0,02 por ciento, según un cálculo oportunamente hecho por AGMER.
Madoz asegura que la distribución actual de los fondos en Educación dista bastante de los parámetros internacionales que fijan organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que aconseja derivar sólo un 60 por ciento a sueldos docentes, y el resto a otro tipo de inversiones, como infraestructura y capacitación.
De todos modos, Alfredo Malatesta, responsable del área de infraestructura escolar del CGE, sostiene que los edificios escolares no son ambientes cerrados y que, en caso de algún siniestro, “tienen muchas puertas, muchas ventanas, para evacuación. Es decir, no se trata de decir que no tienen salida de emergencia. No corren peligro por un problema de incendio. Tal vez, la falta de un matafuego puede hacer que la parte donde se está incendiando no se pueda apagar, pero la gente, por ser espacios abiertos, no tiene inconveniente en cuanto a salida. Cada aula tiene de cuatro a seis ventanas. Lo que pasa es que el síndrome Cromagnon afectó a todo el mundo”, asegura.
Aún así, desde el Consejo de Educación iniciarán en breve un relevamiento de todos los edificios escolares de la provincia para detectar qué establecimiento tiene necesidades específicas en materia de seguridad.
En realidad, el déficit de infraestructura es todavía más serio. Un diagnóstico hecho por el propio gobierno da cuenta de un déficit de unas 1.000 aulas, lo que demandaría una inversión de aproximadamente 40 millones de pesos, aunque sólo para este año la Dirección de Arquitectura destinará unos 25 millones a obras, de lo cual sólo una parte irá a construcción de infraestructura escolar.
