Aunque ese monto está destinado al pago de deudas, en gran medida pendientes con el mismo gobierno nacional, en la Provincia entienden que del monto final dependerán los márgenes de gastos que se manejarán para este año, incluida la recomposición salarial comprometida con los gremios estatales.
Como se anticipó la semana pasada, y como insistió el gobernador el martes, en las últimas reuniones se avanzó en “aspectos técnicos” y sólo faltaría acordar el monto de la asistencia que se incluirá en el Programa de Financiamiento Ordenado 2005 (PFO).
Las expectativas iniciales de los entrerrianos eran contar con 131 millones de pesos –cifra plasmada en el presupuesto- para hacer frente a una parte de los vencimientos de este año, que en total suman 310 millones de capital y 90 millones de intereses. Sin embargo, las autoridades de Economía se toparon con la resistencia de la Nación, que limitaba la financiación a unos 84 millones.
La situación llegó a ser tema de conversación entre Busti y el presidente Néstor Kirchner y, en las últimas dos semanas, se habrían acercado las expectativas de las partes. La Provincia espera que en la reunión de hoy rinda sus frutos la buena relación con el gobierno central, que se ha cultivado desde el primer día de gestión, y arrimar a una cifra superior a los 100 millones. A cambio, se ofrece el compromiso de adherir rápidamente al PFO mediante ley de la Legislatura, como se ha hecho con el Programa correspondiente al año pasado y con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El marcado interés de Busti en esta negociación se entiende si se tiene en cuenta que prácticamente no queda otra alternativa para hacer frente a estas obligaciones varias veces millonarias. “No hay otro financiamiento disponible, los bancos tienen prohibido prestarle a las provincias”, subrayó ayer Marcelo Casaretto, asesor del gobierno en temas económicos.
En la primera conferencia de prensa luego de las vacaciones, Busti aclaró que aún no es posible efectuar anuncios sobre el principal reclamo del sindicalismo, y admitió que las posibilidades de incremento de haberes están sujetas a las negociaciones con la Nación.
Vale aclarar que la financiación que se obtenga no irá a parar directamente a los bolsillos de los empleados públicos, docentes y jubilados, sino que el dinero estará destinado a compensar el pago de deudas al Estado nacional y a organismos internacionales de crédito, que se efectúa automáticamente a través del descuento de la coparticipación federal de impuestos. Sin embargo, en el gobierno confían que el ingreso de los 100 millones permitirá mantener el equilibrio financiero.
