Para la legisladora, “el Gobierno tiene que cumplir con la ley y con su obligación de tratar a todos los ciudadanos con igual consideración, impidiendo que una minoría ultramontana que rechaza la voluntad popular transformada en ley de Salud Sexual y Reproductiva, que rechaza la perspectiva democrática de las relaciones de género en las políticas de Educación Sexual -tal y como lo establece la ley- consiga ilegítimamente su declarado objetivo de que la normativa no se aplique nunca”.
La Diputada presentó al respecto un pedido de informes para el Consejo aclare la situación, y un proyecto de resolución demandando al Poder Ejecutivo el Cumplimiento de la Ley.
