Según el decreto 7.077, la decisión se sustenta “en la necesidad de coordinar las relaciones con el Poder Legislativo en lo atinente a la remisión de proyectos de leyes que sean enviados para su tratamiento o que, ingresados por algunas de las cámaras, tengan directa relación con temas vinculados a políticas a cargo del Poder Ejecutivo, como asimismo con el organismo creado con la finalidad de consolidar la ya reconocida Región Centro”.
Por ello, se ha planteado como “imperioso” —según los considerando de la norma— sostener coordinadamente relaciones de carácter institucional con la Legislatura. Acto seguido, se aclara que tal actividad se desarrollará “sin mengua de las funciones determinadas por la Ley de Ministerios al ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos, coadyuvándolo y armonizando las vinculaciones de este Poder con los restantes, considerando que con el Judicial este Poder Ejecutivo ya se entiende también a través de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos”.
Más adelante, se expresa que, en su carácter de presidente del Ente Región Centro, el Poder Ejecutivo entiende que “corresponde extender dichas funciones de coordinación a la relaciones institucionales emergentes del ejercicio de las funciones y competencias propias de ese ámbito”.
En este sentido, el decreto le otorga a la nueva Secretaría la “especialísima misión” de aunar todos los esfuerzos comunes de las tres provincias “volcándolos en la búsqueda de una legislación común en todo aquellos casos que posean esta característica”.
Además, la Secretaría deberá abocarse en forma inmediata “a tratar de agilizar todas las tramitaciones que profusamente se entrecruzan entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, a controlar e imprimirle agilidad a la promulgación y publicación de las leyes”. También deberá “hacer conocer las posiciones del Poder Ejecutivo a todos los legisladores, con el fin de intentar armonizar espíritu y letra de las normas en la actividad legislativa.
