El Estado invierte cada año cerca de un millón de pesos en la alimentación de 1.100 ancianos alojados en hogares y hospitales de día, la mayoría a cargo de entidades intermedias, la Iglesia o los municipios, y al pago de parte del salario de los empleados de esas instituciones, pero ese dinero se reparte sin que haya un control estatal respecto de las condiciones en que están alojados los viejos, ni qué trato reciben, ni si los edificios guardan las mínimas condiciones de salubridad y seguridad.
Esa ayuda económica para el sostenimiento de 33 de los 41 hogares de ancianos que existen en Entre Ríos, sin fines de lucro y que además alojan a personas de bajos recursos, en realidad, fue incrementada durante febrero, porque antes se les pagaba exactamente la mitad, con lo cual 12 instituciones sufren asfixia financiera, y otras tres tienen sentencia de remate y embargo de sus cuentas por juicios que lleva adelante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a raíz de la falta de pago de los aportes patronales.
Pero no son las únicas instituciones. Hay también geriátricos privados, con fines de lucro, que sumadas a las sin fines de lucro, alojarían en total unos 3.000 ancianos, según estimaciones no oficiales. Aunque en uno y otro caso la inexistencia de regulaciones estatales tornan incierta la situación de los ancianos allí alojados.
En todos los casos, además se trata de instituciones dedicadas a ancianos autoválidos. No hay en todo Entre Ríos sitios adecuados para alojar ancianos con problemas mentales, y además prevalece un notorio déficit de instituciones que alojen hombres, ya que la mayoría sólo acoge mujeres.
POR QUÉ. La ausencia de control se apoya en la disparidad de normas que regulan la actividad de geriátricos, hogares de ancianos y hospitales de día, y en la práctica deriva en la existencia de un vacío legal.
Rubén Bourlot, a cargo del área de Adultos Mayores de la provincia, dice que la causa se halla en la “disparidad de normativas que regulan los hogares de ancianos y los geriátricos. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene una resolución que regula la habilitación de estas instituciones; el Ministerio de Salud y Acción Social se maneja con un decreto por el que se establecen los requisitos que deben cumplir; y los municipios a su vez tienen injerencia en la habilitación de los edificios. Lamentablemente, no hemos podido darnos una ley marco que incluya a todos”.
Casi todos son hogares de larga estadía, algunos bajo la órbita de los municipios (15) aunque la mayoría dependen de asociaciones civiles sin fines de lucro (23). Todos reciben un auxilio estatal que consiste en el otorgamiento de subsidios mensuales para la atención de ancianos institucionalizados, y esos fondos se utilizan para el pago de la ración de comida diaria, 1,50 pesos por persona por día, y también para funcionamiento, 460 pesos por empleado por mes.
“Pero todavía no contamos con una ley que regule todo lo que es el funcionamiento, instalación y habilitación de los hogares. Es necesario un poder de policía del Estado. Nosotros sólo controlamos a los que reciben subsidio. Pero a su vez, Salud tiene jurisdicción sobre los hogares particulares, y sobre sus propios hogares”, añadió Bourlot.
