El caso del hotel cinco estrellas de Paraná es un emblema de la desidia oficial. En 2001, el entonces gobernador Montiel dispuso de 13 millones de pesos para que pasara a la órbita oficial. Hace poco se designó a Alejandro Bahler al frente de la empresa. Quien fuera secretario de Turismo en la segunda gestión de Jorge Busti recibió un llamado del Gobernador, luego de que personal del hotel y directivos del Iafas solicitaran el alejamiento de Adrián Stur, “porque nunca pisó el hotel”, afirmaron fuentes consultadas sobre los motivos del cambio.
El hotel, desde su reestatización, pierde algo más de un millón de pesos anuales, que caen sobre las espaldas del Iafas, que se quedó con el 99 %, mientras que el Instituto del Seguro es propietario del otro 1 %.
El hotel está hoy lejos de ser cinco estrellas, aunque mantiene un alto posicionamiento, lo que le permite mantener un promedio del 53 % de ocupación anual de sus 123 habitaciones, aunque la falta de inversión ha hecho mella en la calidad de servicio y las instalaciones.
Bahler señaló que “el primer error se comete cuando el Estado compra el hotel. El desafío que me ha impuesto Busti es el de equilibrar las cuentas que hoy tienen un saldo negativo que oscila entre los 80 y 100 mil pesos mensuales. Otro problema es que hay cargos jerárquicos con sueldos importantes”. Es vox populi que existe en el hotel una estructura de 17 jefes y gerentes (sobre un total de 113 empleados, casi uno por habitación) que se llevan casi el 20 % de la masa salarial que llega a los 190.000 pesos mensuales, sobre un total de 310.000 pesos de facturación neta.
El IAPS
Después de siete ejercicios donde los números describieron un rojo notable, el último balance permitió mostrar una evolución en la curva de ganancias, aunque su actual titular, la Lic. Lidia Miret, asegura que “mejoramos económicamente pero nos falta hacerlo en el aspecto financiero”. Con este eufemismo, la directora graficó que aún se está lejos de acomodar las variables y aún se adeudan pagos por siniestros y seguros de vida, que no se pagaron durante cuatro años, atrasados hoy por un período de dos años.
El instituto adolece del mismo mal que casi todas las empresas: un sobredimensionamiento de su plantilla. La titular asegura que “el instituto es del Estado y esa es una característica que lo define. De acuerdo a auditorías realizadas, y con la actual prima, deberíamos estar con 100 empleados, pero tenemos 150 empleados y no lo podemos cambiar”, arriesga.
No obstante, según los indicadores, la empresa exhibe algunas paradojas. Durante el proceso signado por el Federal, la empresa perdió 13 millones de pesos, por el descalce que le produjo cobrar la póliza con la cuasimoneda y erogar siniestros en pesos, aunque luego de su salida, algo se fue ordenando. Con el advenimiento de la tercera gestión Busti, a pesar de lo que se define en el Gobierno como “algunas desprolijidades” del ex presidente Rubén Zapata, el ente comenzó a revertir gradualmente la ecuación, aunque durante siete ejercicios generó pérdidas. La nueva estrategia consistió en correrse algo del seguro automotor, con alta siniestralidad sobre todo en Buenos Aires, para buscar posicionarse en el mercado de los seguros personales, a los que se considera “más nobles y rentables”. Sin embargo, en el proceso en que los balances fueron negativos, se perdieron buenas oportunidades ya que en el cotejo licitatorio jugaban en contra los malos rendimientos.
