Con la idea básica de solucionar el grave conflicto institucional que se ha originado con relación a la situación salarial del Poder Judicial de Entre Ríos, Cresto presentó dicho proyecto en la conferencia de prensa y a instancias del gobernador con motivo de su visita a Concordia.
En ese proyecto, se ofrece una manera en la que se compatibilice el principio constitucional de intangibilidad de las remuneraciones del Poder Judicial, con la obligación solidaria de los integrantes de dicho poder de compartir las consecuencias negativas de la inflación, con la sociedad.
Así por lo menos lo establecería la doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También, el proyecto prevé una cláusula gatillo atenuada, asegurando, para el caso de que la economía registre un pico inflacionario que ocasione un deterioro de la capacidad adquisitiva del salario mayor al 30 por ciento, un aumento del 50 por ciento de la depreciación, en forma automática.
De aprobarse la iniciativa, se prorrogaría la suspensión de las polémicas leyes 8069 y 8654, que han ocasionado unánime repudio de la sociedad, por ordenar aumentos de sueldos para el sector, siguiendo los índices de aumentos del costo de vida del INDEC.-
El proyecto, que según su autor cumplimenta las directivas emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que las leyes de emergencia superen el test de constitucionalidad, fue girado al Colegio de Abogados de Entre Ríos, a la Asociación de Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial de Entre Ríos, y a la Asociación Judicial de Entre Ríos para su estudio, con el afán de lograr espacios de entendimientos. De lograrlo, la crisis institucional con los integrantes del Poder Judicial quedaría solucionada de una manera negociada, por iniciativa del mencionado diputado Enrique Tomás Cresto, quien entiende que es indispensable promover el debate en el seno de la sociedad.-.
