Al respecto, el gremio apuntó: “Esta política violatoria de nuestros derechos que intenta comprometer a trabajadores de otras reparticiones, se encuentra con la negativa de directivos, trabajadores administrativos y municipales que con dignidad no se prestan a ser instrumento de esta actitud policíaca”.
Durante la jornada de ayer, hubo varias consultas legales para encuadrar el mecanismo de control, y según dijeron varios dirigentes se trabaja en la elaboración de un planteo por el que se buscará cuestionar severamente la disposición oficial de controlar el ausentismo docente en las escuelas. Para el sindicato, se trataría de un cercenamiento del derecho de huelga, amparado por la Constitución Nacional, según dijeron.
El lunes, el titular del CGE, Oreste Felipe Ascúa, firmó un decreto estableciendo que el control de asistencia de los docentes que adhieran a la huelga quedará en manos de los directores y vicedirectores de las escuelas, los supervisores, personal administrativo de Educación, pero también de agentes de los municipios, las juntas de Fomento y las juntas de Gobierno.
En los hechos, también se facultó a la Policía, que anteayer relevó el nivel de presentismo que se registró en las escuelas rurales del departamento Nogoyá.
Los gremialistas destacaron dos hechos puntuales ocurridos en el departamento Paraná: en San Benito, personal de la Municipalidad y agentes de la Policía habrían efectuado el relevamiento de asistencia, y lo propio ocurrió en Hasenkamp. Esos operativos, así, no hicieron más que avivar el conflicto, que hoy transita su tercer día.
“Esta decisión de hacer controles de asistencia se puede recurrir por la vía legal, por cuanto el presidente del Consejo de Educación se ha excedido en el ejercicio de la autoridad. Y esto es así en función de esa circular en la que compromete en una tarea que es específica de Educación a organismos que no son de su área, como las juntas de Fomento y las juntas de Gobierno. Esto da la pauta de que se está ante un evidente abuso de poder. Es lamentable que haya actuado de tal manera”, explicó el abogado Héctor Fischbach, asesor legal de Agmer.
El letrado opinó desde un punto de vista técnico jurídico, por cuanto, aseguró, la determinación de recurrir o no a la Justicia con una acción legal corresponderá, en última instancia, a la comisión directiva central del sindicato docente. “Pero yo ya di mi opinión jurídica en el sentido de que hay vías jurídicas para seguir. Estamos frente a un evidente caso de abuso de poder, y para esto están previstas las acciones legales. Lo que el gremio tiene que definir es en qué fuero acciona, ya sea en el fuero penal o en el civil”, añadió.
Culmina hoy la protesta de AMET, Sadop y UDA
Concluye hoy el paro por 72 horas dispuesto en forma coincidente por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Los denominados gremios minoritarios del sector docente resolvieron esta vez sumarse al reclamo por una recomposición salarial que considere un ingreso mínimo de bolsillo equivalente al valor de la canasta básica de 750 pesos que impulsó Agmer.
Ayer, en la segunda jornada de protesta, Raúl Vergara, secretario adjunto de AMET, explicó que la medida de fuerza sigue con la misma “contundencia que el primer día”. Los delegados de esa entidad tienen previsto convocarse mañana en asamblea, con lo cual la jornada tampoco será laborable, para definir los pasos a seguir la próxima semana.
