Los manifestantes denunciaron una «actitud desleal de un reducido grupo de abogados que carecen de ética y moral», ya que estas demandas laborales supuestamente falsas estarían perjudicando el motor productivo de la ciudad y la región.
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Delegación Chajarí emitió un comunicado informando sobre la suspensión de las audiencias programadas para el 22 de mayo de 2023, reconociendo el derecho a la protesta y “priorizando la paz social”.
Esta no es la primera vez que se registra una protesta de este tipo en la región. En abril pasado, productores citrícolas también realizaron un tractorazo para denunciar el supuesto hostigamiento recibido por parte de algunos abogados laborales. En aquella ocasión, los manifestantes se dirigieron a las viviendas de varios letrados con el fin de escracharlos, generando situaciones de violencia que incluyeron el encendido de una turbina de fumigación frente a una residencia y daños a la propiedad.
Entre los responsables de aquel violento escrache, estaban muchos de los presentes hoy: los productores William Borgo, Javier Silvestri (activo militante de Javier Milei), Mario Toller y Martín Rigoni, presidentes de asociaciones de citricultores de Chajarí, Santa Ana y Villa del Rosario. Varios de los mencionados han sido denunciados con anterioridad por acciones violentas, entre ellas darle vuelta una camioneta a agentes de la AFIP y de la Secretaría de Trabajo.
En lo que respecta a Concordia, es la ciudad que mayor cantidad de mano de obra provee a la cosecha del citrus y demás actividades primarias en la región (arándano, madera, etc.). Se trata de una ciudad con frecuencia estigmatizada por tener un índice de pobreza entre los más altos del país a pesar de registrar una desocupación por debajo de la media nacional. A diario, decenas de colectivos parten con trabajadores y trabajadoras hacia el departamento de Federación (Tanto a la ciudad homónima como a las localidades de Chajarí, Santa Ana y Villa del Rosario) para trabajar en la cosecha.
Si bien se estima que son por lo menos 10.000 personas las que en cada campaña están afectadas a esta actividad, año tras año disminuye el número de trabajadores que pueden acceder al beneficio del “interzafra” porque no alcanzan la cantidad de días trabajados necesarios para acceder al programa. Según han denunciado la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Concordia y el Sindicato Obrero de la Fruta, a los cosecheros se les suele imputar en los recibos de sueldos -aquellos que lo tienen- menos días que los efectivamente trabajados, llegando incluso a la irrisoria cuenta de uno o dos días imputados por quincena. En tanto, un número mucho mayor, trabaja en la informalidad total y absoluta.
La explotación laboral sigue siendo el mayor problema en una región signada por la desigualdad y la injusticia social. A pesar de que miles de trabajadores y trabajadoras están afectados a la actividad citrícola, aserradera, el comercio y la construcción, solo una pequeña proporción puede acceder a beneficios y derechos laborales plenos, además de salarios dignos por sobre el umbral de la pobreza.
