El 30 de marzo pasado, casualmente un día previo a una de las visitas de Fernández que se frustraron posteriormente, ingresó un decreto suscripto el 16 de enero de 2023 por el Ejecutivo por espacio de seis meses con la cooperativa ‘Mundo Reciclado’, con una opción de prórroga por el mismo espacio de tiempo, para ser refrendado por los ediles. En uno de los artículos, el 4°, se establece que la cooperativa podrá vender todos los residuos secos. La Municipalidad también se compromete a entregar cuatro toneladas diarias reciclables por cuatro meses y desde el quinto mes se deberá incrementar ese volumen hasta llegar al décimo mes con 15 toneladas diarias. También debe entregar ropa y elementos de seguridad para todo el personal como pantalones, remeras, guantes, anteojos y zapatos de seguridad una vez al año. A cambio, la cooperativa aportará el personal que cobra un plan social y un plus que aportará la municipalidad
De inmediato, desde el bloque opositor salieron a criticar el convenio. “Esto no es un convenio de cooperación. Es un convenio de entrega de todo. Por una parte, la municipalidad le da absolutamente todo y le paga a una cooperativa foránea. Le proporciona todas las instalaciones, las maquinarias, y encima les paga los gastos administrativos, de seguro, todo. Le entrega la basura para que la venda ¿A cambio de qué? No veo la cooperación en este convenio”, indicó Reta de Urquiza en la sesión de ese día.
Claudia Villalba, edil del oficialismo, le respondió en esa misma sesión. Pidió recordar cómo era el Campo del Abasto hasta hace unos años. “Allí trabajaban personas en condiciones de extrema vulnerabilidad., revolviendo la basura. Hay personas que perdieron la vida. Y cuando esto ocurría ¿Qué hacia la oposición? En vez de buscar una solución, llamaba a los medios nacionales para mostrar la pobreza en Concordia y los niños que iba a ese lugar”.
El expediente finalmente volvió a comisión ante la exigencia de la oposición de que la aprobación del convenio requería de los dos tercios de los ediles presentes, argumentando que el Ejecutivo está «enajenando bienes del patrimonio municipal».
A mediados de la semana pasado, el presidente del bloque de concejales Juntos por el Cambio, Luciano Del Olio, indicaba que no hubo avances en el tratamiento del convenio. “Hasta donde yo sé, está en las mismas condiciones que el jueves en el que volvió de la sesión”, dijo. La oposición entiende que para ser aprobado como concesión directa se necesita una mayoría especial de 2/3 de los ediles presentes.
Pero, al día siguiente, Gallo daba a conocer que se habían producido avances en las reuniones que se habían realizado en comisión y que había posibilidad de llegar a un principio de acuerdo con los ediles del oficialismo. “Todos coinciden en que la transformación del Abasto es una realidad y las personas que estaban antes en un basural a cielo abierto hoy están con todas las medidas de seguridad y de salubridad, se han ordenado los horarios y hoy están obteniendo más ingresos, hay una suerte de discusión con respecto a lo técnico. Pero creo que eso quedó zanjado», indicaba.
La novedad, dada a conocer este lunes, fue rebatida por el bloque de JxC en forma tajante a las pocas horas. Reclaman que se realice una licitación pública que traiga transparencia al manejo de los fondos públicos y, si bien indicaron que la discusión no es la transformación de Campo El Abasto, rechazaron el convenio, tal como fue presentado, por considerarlo “desprolijo e irresponsable”. “Seguimos sosteniendo la postura y ratificando los argumentos que expusimos en la sesión el día del debate del expediente. Vemos al oficialismo enredado en sus propias contradicciones, sin una propuesta clara. Como bloque estamos trabajando de forma responsable el tema y no vamos a aceptar ningún procedimiento que no esté debidamente convalidado por los pasos administrativos y legales correspondientes”, señalaron en el comunicado.
“Por ahora no le hemos encontrado una solución”, admitió la fuente del oficialismo, quien dijo que desde la oposición no los ayudan ya que les conviene que no avance un proyecto que es “muy beneficioso para la ciudad”. Por ello, ante la imposibilidad de reunir los 2/3, se analizan variantes. Por ejemplo, llamar a licitación pública pero la condición que imponen es que se tomen a las 104 personas que actualmente prestan servicios allí ya que no se las puede dejar en la calle. El problema es que quienes están interesados quieren llevar su propio personal a la planta.
