Por Federico Odorisio, de la redacción de DIARIOJUNIO
Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), una entidad que agrupa asociaciones del transporte de cargas y de pasajeros, productores agropecuarios y pequeñas y medianas empresas del comercio y de la industria, habló con DIARIOJUNIO luego de conocerse cuáles serían las alternativas que Vialidad Nacional baraja para el futuro de la Autovía 14 “José Gervasio Artigas”, luego que finalice la concesión a la empresa “Caminos del Río Uruguay” a finales de octubre de este año.
Según las propias declaraciones del administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, durante su paso por Concordia la semana pasada, las tres opciones a evaluar serían: la creación de un consorcio (Iniciativas privadas que requieren del apoyo y convivencia con las dependencias públicas; actualmente en la provincia existen unos 10 consorcios camineros abocados en mayor medida a caminos rurales); la empresa estatal “Corredores Viales”, creada por el ex ministro de Transporte de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich; o una nueva concesión privada.
Para Lasca cualquiera de las tres opciones “significa seguir avalando una estafa vial, manteniendo los mismos fabulosos negocios y negociados con la obra pública, con cero inversión y sin riesgo alguno, que sólo han beneficiado y siguen beneficiando a los amigos del poder, la Cámara Argentina de la Construcción y al nefasto Club de Peaje generado en los ‘90”.
Lasca señala que “lejos de profesionalizar a Vialidad Nacional y a las Vialidades Provinciales, se observa que en general se han ocupado cargos con personas que no tienen incumbencias ni sustento científico para ejecutar un plan de obras en toda la red vial. Las consecuencias de estos nombramientos son nefastas porque, la planificación, el estudio, el proyecto, el diseño y la construcción de las rutas pueden quedar en manos inexpertas”.
Para Lasca, en representación de los usuarios y las asociaciones agrupadas en el comité que coordina, la única opción viable es implementar un proyecto vial que contemple toda la red caminera del país, exhortando al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y demás representantes del interés ciudadano, a reasignar en forma efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que se paga cada vez que se carga nafta o gasoil, y que recauda en la actualidad -últimos datos del año 2023- más de 170 mil millones de pesos anuales ($170.000.000.000), monto que permitiría construir alrededor de 2000 km de autovías por año, permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento de todo el sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, “sin barreras” y sin pago de “falsos peajes”.
Esto implicaría, aseguró Lasca, poder mantener, mejorar y ampliar la Red Caminera de la Argentina, favoreciendo el desarrollo del País, generar inversión y puestos de trabajo, mejorar la situación de las economías regionales, disminuir el costo de transporte, reducir el índice de accidentes y siniestros viales, entre otros tantos beneficios para toda la sociedad en su conjunto.
Para el representante de los usuarios viales, esta propuesta debe estar acompañada de la creación, en el ámbito del Congreso Nacional, de una Comisión de Seguimiento de los Fondos Viales, especialmente del Impuesto a los combustibles, con la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos, de manera que no puedan ser malversados y desviados a otros fines que no sean obras de infraestructura vial.
Lasca explicó a este medio que ese monto de dinero sideral suele ser desviado de su objetivo original y es usado con destino a tapar otro tipo de “baches” del estado como el fondo hídrico, los jubilados, el FONAVI, y a Vialidad sólo llega entre el 4 y 6 por ciento. Todo con la complicidad de propios y extraños, sin importar la bandera política.
“Los legisladores de todos los colores cajonean nuestros proyectos, nadie los trata, todos se hacen los distraídos”, aseguró.
Peajes inconstitucionales
Lasca explicó que con la propuesta esgrimida se pugna por terminar también con el régimen de cobro de peaje directo con cabinas de cobro en las rutas “abiertas” nacionales y provinciales, por ser un verdadero fracaso y fundamentalmente por ser inconstitucional (se cobra peaje sobre rutas existentes pagadas con impuestos y sin caminos alternativos libres de pago), por existir una doble imposición (impuesto al combustible + peaje), por inviable y antieconómico por el bajo caudal de tránsito, por injusto y discriminatorio (algunos pagan y otros no, de acuerdo al tramo que se utilice), y por actuar como un cargo económico y un impuesto al tránsito, incrementando el costo de transporte.
“Se trata de falsos peajes, un impuesto al tránsito y a la circulación. Es un tributo más. Hay casos verdaderamente inviables porque no hay caudal de tráfico suficiente como para que se pueda volcar plata al camino. Por ejemplo, en la Panamericana, en el acceso norte a la Ciudad de Buenos Aires, pasan 400 mil autos por día, pero en una ruta nacional o provincial, como mucho, son 10 mil o 15 mil. Entonces, sólo recaudan para sostener el costo operativo de las cabinas. Por eso el estado tiene que poner la plata para las obras de envergadura. Todas las hace el estado.”, explicó Lasca.
“Las respectivas autoridades sólo se ocupan de la ecuación económica-financiera del concesionario vial para que sigan obteniendo fabulosas ganancias, con cero inversión y cero riesgo, y sin ocuparse para nada de la relación beneficio/costo de los usuarios viales. Si con fondos del Estado Nacional se construyó la autovía del Corredor Vial N° 18 (rutas 12 y 14), qué necesidad hay de seguir recaudando peaje después de más de 28 años de concesión que solo sirvió para financiar la construcción e instalación de las estaciones de cobro y su fabuloso costo operativo”, cuestionó el coordinador de la CONADUV.
“Corredores Viales S.A.” una oficina con fines recaudatorios y sin razón de ser
Entre las opciones para el futuro de la Autovía 14 se mencionó la posible administración de la empresa “Corredores Viales S.A”, creada durante el gobierno de Cambiemos por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich que, según explicó Lasca, se trata de “una empresa trucha, una oficina burocrática e innecesaria, paralela a la Dirección Nacional de Vialidad y a las Direcciones Provinciales, como también lo serían AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) en la Provincia de Buenos Aires y Caminos de las Sierras S. A. en Córdoba, en las cuales desembarcan dirigentes políticos que no tienen ni experiencia ni antecedentes profesionales sobre el tema en cuestión. El actual presidente de Corredores Viales S.A. es Gonzalo Atanasof, de profesión abogado e hijo del ex jefe de gabinete y ex ministro de Trabajo de Eduardo Duhalde, Alfredo Atanasof.
Esta empresa “trucha” como la calificó Lasca, habría recibido en el año 2022 más de 14 mil millones de pesos ($14.000.000.000) en concepto de subsidios “porque factura mucho menos del costo operativo que tiene… !Encima es una empresa deficitaria!”, concluyó.
