En el incendio que se produjo en Argentina, el 5 de Febrero de 2014, Manuel Colombain, Sereno, llamó al 911 al notar que salía humo de la planta de calle Azara 1245. Diez minutos después llegaron dotaciones de bomberos y dotaciones de Prefectura Naval Argentina y de Defensa Civil de la Ciudad de BsAs. Desgraciadamente a las 09:04 hs, mientras intentaban derribar un portón para ingresar, la pared de 7 metros de la calle Jovellanos se derrumbó. Diez personas murieron en el acto: 8 bomberos y dos rescatistas. La causa que se abrió quedó en manos de la Fiscal de instrucción Marcela Sánchez, quien comprobó que también había fuego en el segundo sector, distante del primer sector, lo que aumentaba la sospecha de la intencionalidad del siniestro. Rápidamente el Gobierno de la Ciudad salió a desligarse y el Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, se encargó de decir impunemente que todo había sido una» fatalidad»…(sic).
En la Argentina, sobre varios de sus «clientes» pesaban acusaciones sobre acciones contables y otras especies, como lavado de activos, defraudaciones, estafas, y evasión tributaria, se tejieron hipótesis relacionadas con el hecho. Y no era para menos: La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), se dispuso a analizar el contenido y tipo de información que personas, empresa y Bancos guardaban en el depósito incendiado, y 43 de las firmas afectadas por el siniestro, fueron por ejemplo: EDESUR S.A, Mercadolibre, Exxonmobil Business, Swis Medical; HSBC Bank; Pluspetrol; DirecTV; EDENOR; Telefónica Argentina, Cervecería Quilmes, Monsanto Argentina, Banco Santander Río, Telecom Personal; Cargill, J.P Morgan Bank, SIDECO Americana del Grupo Macri (cuándo no). Precisamente una de las cajas que atrapó a los investigadores fue la que estaba rotulada como Perú (Coima Gral Edesur Electr). Esta caja pertenecía a SIDECO, de la Familia Macri . Pero curiosamente se informó, que esa caja no se encontraba en calle Azara, sino en la planta de IRON MOUNTAIN que tenía sucursal en Barracas. Dos años después, la Cámara Criminal y Correccional Federal, observó la documentación que SIDECO había guardado en Barracas, pero registradas en la que se incendió, resultó ser objeto de una denuncia por Alejandro Gaona, luego que la propia empresa reconociera la existencia de esa caja cuya documentación apareció en los Panamá Paper, con el rótulo KN100156447. cuya etiqueta decía: «Varios Paraty Panamá. Amexil.S.A.
En su presentación ante el Fiscal Federico Delgado, Olmos Gaona señaló que la documentación del estudio Mossak Fonseca, exponía los vínculos entre los Macri y
Omexil.S.A. anotada con el número de Ficha 69037, el 23 de marzo de 1981, por el estudio de los Abogados Icaza, Gonzáles Ruiz & Alemán. Es el mismo bufete que constituyó otras «offshore» del Grupo Macri, como Cadoesa, Kagemusha y Fiat Automotores Interamericana. También un segundo vínculo estaría en las cajas de SIDECO que se echaron a perder en el incendio. Las otras cajas en las que se puso atención en relación con Macri y Familia, tenían estos membretes: «INEDIAR IECSA BCE BRASUK»,CÁRCELES IGLYS BETO NEGRO»,BRASIL CTAS,»PORY UNMOBILIARIO CHINO-ARGENTINO», «URUGUAY PEDIDO DE FONDO 91 PTE» (Todo textual).
La denuncia quedó perdida en los laberintos de la causa. El Fiscal Delgado explicó que el Juez Casanello (es el mismo Juez que desprocesó a Macri al asumir la Presidencia) no le dio identidad. Al momento de la investigación el inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro, declaró luego del incendio «le ordenaron NO investigar, porque habían recibido un llamado del entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri».
Recordemos que IRON MOUNTAIN, desembarcó en el país en 1995, con filiales en EEUU. Europa, y América del Sur. En la Argentina tenía una cartera de clientes de no menos de 150 empresas.
Mientras el Fiscal se encontraba en la investigación por incumplimiento de la empresa en medidas de seguridad por la posible intencionalidad del incendio, respaldado por la pericia de la Policía Federal, los familiares de los bomberos fallecidos, comenzaron a apuntar contra el titular de la Agencia de Control, Juan José Gómez Centurión.
Hay que señalar que el ex-Juez Federico Young, junto al ex-Mayor del Ejército, Pedro Mercado, junto a su esposa la tristemente célebre defensora de represores, Cecilia Pando, organizaron un seminario en el año 2007, e incorporaron a la gestión de Gómez Centurión a seis militares retirados con actuación en la dictadura. Pero Centurión duró poco en el cargo. En Enero de 2010 lo sucedió Oscar Ríos, quien era vocal de la C.D de Boca Juniors, y acompañó al operador político de Macri, en su gestión como Presidente de Boca Juniors. Pero fue expulsado de su cargo cuando se produjo la explosión en el Gimnasio de Villa Urquiza y no respondió a la alarma.
La relación de Iron Mountain con el macrismo tiene historia. En 2009 la compañía especializada en la custodia y administración de documentos secretos fue premiada por el Ministro Fransisco «Pancho» Cabrera, En otro hito para la polémica, el Gobierno porteño de M.Macri contempló el ingreso de la firma al Distrito Tecnológico, a pesar de que no se dedicaba ningún desarrollo tecnológico: la razón era económica así podía beneficiarse con exenciones en ABL e Ingresos Brutos y con acceso fácil a créditos blandos. Uno de los apuntados por esta invitación fue Carlos Pirovano, ex-asesor de Alvaro Alsogaray y ex HSBC. Para el testigo H. Castro no hay dudas. Hay grandes responsables de lo que sucedió en IRON MOUNTAN: sobre todo dos: Gómez Centurión y Fransisco Cabrera. Lo vinculado con la seguridad del edificio era responsabilidad de Gómez Centurión. Lo relacionado con los trabajadores, era Cabrera. Este, que luego sería Ministro de la Producción de Macri, no fue un actor de reparto. Algunas vinculaciones lo ponen en el centro de la escena. Por caso, el funcionario también pasó por el HSBC. Si algo se pudo constatar luego del siniestro, es que parte del material del activo que se quemó pertenecía a esa entidad bancaria (!Oh casualidad!), que en ese momento se encontraba en el centro de la investigación luego de que el francés Herve Falciani diese a conocer la lista de personas que se servían de la estructura financiera de dicho Banco para el «lavado» de activos. Entre ellas había nada menos que 4.040 cuentas de clientes argentinos que acumulaban más de 4.000 millones de dólares. Cabrera dirigió el sector minorista del Banco y también participó del Grupo HSBC donde fue miembro del Directorio de la «Buenos Aires Seguros» y de Docthos.
En IRON MOUNTAIN, se encontraron 20 cajas con el rótulo «lavado de dinero» de acuerdo a un análisis de la Procuraduría Antilavado sobre legajos de clientes aportados por la empresa de archivos .
Respecto a la cantidad de archivos comprometidos, la empresa manifestó que las cajas afectadas fueron 26.326. Pero el HSBC le comunicó al Banco Central que perdió
30.499 cajas. Mientras que la Procelac recibió la notificación que fueron 30.372. ¿Quién dice la verdad? HSBC ocupa el segundo lugar entre los mayores damnificados por el incendio. El primero es el Banco Patagonia, que allí guardaba 65.705 cajas de las que se quemaron 57.015, o sea el 86% nada menos. Lo notable es que este Banco, junto a HSBC, JP Morgan, Merril Linch y el grupo Estrada están investigados por «lavado de activos», asociación ilícitas, administración fraudulenta y publicación de balances falsos.
Una verdadera pandilla de lavadores de activos que no trepidan en realizar las más trágicas operaciones delincuenciales para garantizarse la impunidad.
La Procelac constató que había al menos 9 cajas con el rótulo de : «lavado de dinero» Lavado de dinero «premiun» y otras con nombre Lavado de dinero» reproces».
Recién en marzo de 2017, la Jueza en Primera Instancia en lo Penal Económico María Verónica Straccia, confirmó la validez de la prueba que dio origen a la causa «Cuentas Suizas». Meses después dictó los primeros procesamientos.
El abogado querellante, Miguel Angel Arce Aggeo, reveló que del incendio se rescataron 1.730 cajas que no se habían quemado del todo. Dos meses después cuando se difundieron los documentos del estudio panameño Mosaak Fonseca se entrecruzaron los datos de cuentas de activos provenientes de las cajas de IRON MOUNTAIN.
El Juez Federal Sergio Torres lleva la causa iniciada por el informe de Procelac a ritmo lento. En él se informa que se detectaron maniobras financieras sospechosas por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014. Ese trabajo precisó que como resultado del entrecruzamiento de los nombres de las empresas con causas abiertas sobre lavado de dinero, se hallaron 29 coincidencias entre clientes de IRON MOUNTAIN y las investigaciones de fraude impositivo, lavado de dinero y delitos tributarios (evasión fiscal).
Mientras el diario La Nación (cuándo no) elogiaba las primeras decisiones de Gómez Centurión como titular de la Aduana, por sospechas sobre el peso de los contenedores, los enviaron al «canal rojo» para ser inspeccionados, sin protección aduanera, sufrían ahora el control exhaustivo de documentación y mercadería, cuando antes gracias al «arreglo», pasaban siempre por el canal «verde».
Cuando promediaba 2016, Gómez Centurión fue desplazado por las graves denuncias en su contra. La entonces diputada Elisa Carrió salió a respaldarlo. También cargó contra la vice-jefa de la AFI, Silvia Majdalani. Así se cuidó de no atacar al Pte Macri.
En Febrero de 2017, la Fiscal Monteleone requirió al Juez Pablo Ormachea la citación indagatoria de 32 personas, pero incluyó en su lista solo a funcionarios de bajo rango y la cúpula de la firma especializada en la administración de documentos. La ausencia de Gómez Centurión no pasó desapercibida. La Fiscal apuntó contra la empresa desligando de las mayores responsabilidades del Estado Municipal (Macri).
También pidió que se indague a dos policías federales: Matías Nicolás Griffo, Inspector de la División Prevención, y Raúl Arbor, Comisario Inspector que se desempeñaba como jefe del Departamento de Seguridad contra Incendios y Riesgos Especiales (¡menos mal!). Ambos están sospechados de haber incurrido en actos de corrupción para obviar los pasos de la habilitación para el depósito luego siniestrado.
IRON MOUNTAIN nunca obtuvo la aprobación de la Defensa Civil del Plan de Evacuación para el caso de incendio del depósito de la calle Azara. Para el abogado Arce Aggeo, la empresa era intocable por las vinculaciones con el Gobierno de la Ciudad. Y siguió diciendo: «Es una empresa que en el mundo se contrata para quemar documentación altamente comprometedora. Es raro que se contrate a una empresa así conociendo sus antecedentes, salvo que necesites de sus servicios, concluyó el abogado».
En cuanto a la responsabilidad de la Ciudad, subrayó que el Gobierno hizo desaparecer un expediente en el que se hace un cuestionamiento edilicio porque a dos columnas le faltaban el mecanismo antifuego. La intencionalidad juega un papel central en el juicio que se está por reanudar ya que se deja constancia de las pericias de la Policía Federal y la Universidad Tecnológica Nacional lo siguiente:»Se ha determinado que de 8 a 10 minutos antes de que el incendio comience, se dejó entrar a una persona y que salió poco después (?)”. Se tiene el nombre del empleado que lo dejó entrar y que estaba de guardia en ese momento. Es el mismo empleado que tarda muchísimo en dar la alarma y llamar a los bomberos que llegan más de 30 minutos después cuando el fuego había tomado el sector. Los peritos determinaron que se habían encontrado restos de un «acelerante» de la combustión.
Con el juicio ya comenzado, la Sala VI de la Cámara Nacional, le dio un revés al Juez Ormaechea al revocar los sobreseimientos del inspector Matías Griffo, el Comisario Inspector Raúl Arbor (ambos de la Superintendencia de Bomberos) y de Ignacio Miguel Adalmiz Echeverría apoderado de IRON MOUNTAIN por considerar prescripta la acción pena (Lo tenían todo planeado por las dudas). Griffo y Arbor están imputados de corrupción por obviar los pasos pertinentes de la habilitación. Mientras que Echeverría es quien realizó los trámites.
El juicio está apunto de continuar. En honor al sacrificio inocente de diez víctimas fatales y sus familias, espero que se haga Justicia.
