Las campañas orquestadas, tanto políticas, como judiciales y mediáticas, en su contra han hecho que el proceso en sí mismo sea injusto y tan lleno de irregularidades que es imposible encontrar en los anales de la historia procesal reciente un cúmulo más elevado de errores o defectos (en el mejor de los casos) o de ilícitos penales (en el más adecuado a las evidencias acumuladas).
Es bueno que los responsables políticos rindan cuentas y que se sometan a auditorías independientes, pero cuando se trata de procesos judiciales, las garantías, la pulcritud, la imparcialidad y la independencia resultan fundamentales. Y, desde luego, en el caso Vialidad todo ha estado preordenado para acabar política y personalmente con la vicepresidenta del país. No ha existido respeto a las garantías, las pruebas están contaminadas, ha habido sustracción y alteración de las mismas, los testigos han sido venales, los peritajes manipulados…
¿Entonces qué se gana con una condena? Nada, más allá de la felicitacion mediático-política de los enemigos de la verdad. Y, ¿qué se pierde? Todo. Y, en especial, la propia credibilidad de la Justicia, que queda maltrecha y como un clínex porque ha sido usada, adulada y tirada a la basura de la historia.
La persecución política en una democracia por medio de la misma clase política es rechazable, pero, hasta cierto punto, comprensible; pero la persecución politica a través del derecho (lawfare) es el mecanismo más perverso y destructor de aquella. Ustedes jueces son y serán los únicos responsables de que esto acontezca o, in extremis, pueda evitarse y comenzar así una verdadera regeneración democrática de la Justicia.
