Abogados, integrantes del Colegio de la Abogacía de Concordia, manifestaron su malestar por un comunicado oficial de la entidad y expresaron “su más profunda preocupación por la orientación política partidaria que le ha impuesto a su accionar en dos hechos puntuales”. En primer lugar señalaron “la invitación institucional efectuada al candidato a Gobernador por Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio”, lo que se dio en la primera semana del corriente mes de agosto. Los firmantes consideran que, en este caso “no podrá usarse por excusa la condición de Diputado Nacional, atento a que no se adoptó la misma actitud con el actual Senador Nacional Edgardo Kueider, vecino de nuestra ciudad e integrante del cuerpo legislativo que tiene inferencia directa con el nombramiento de jueces, por ejemplo, tema directamente vinculado con nuestra actividad profesional”.
Otra de las acciones que motivó el repudio fue “el comunicado -difundido este jueves con el Colegio- manifestando su preocupación por un supuesto ataque a fiscales y magistrados nacionales”. Los abogados disidentes señalan, respecto a la llamada causa “Vialidad”, que “se trata de, por lo menos, un proceso judicial con lazos firmes, fehacientemente probados, entre los fiscales y magistrados intervinientes con los denunciantes, lo que arroja serias sospechas sobre la imparcialidad necesaria que debe existir para dictar un fallo justo”.
Los abogados disidentes reprocharon a la entidad porque “estos actos no son representativos del pensamiento de un número importante de colegiados, por lo que solicita que se ajuste el accionar de nuestro Colegio a la defensa irrestricta de los fines para el cual fuera creado; la defensa de los intereses de todos los que ejerzan la sagrada actividad de abogado en procura de lograr el imperio de la ley y la justicia”.
Según pudo saber DIARIOJUNIO, luego del comunicado dado a conocer por el Colegio y el posterior malestar de varios integrantes del mismo que no se sintieron representados, se sucedieron algunos llamados telefónicos entre miembros de la comisión directiva y estos últimos donde no faltaron reproches e intercambios acalorados.
La reacción vino a colación del comunicado que la comisión directiva de la seccional Concordia del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos emitió este miércoles y en el cual expresó “su profunda preocupación por las distintas expresiones que, en estos días, la sociedad argentina ha sido testigo y en directa relación con el proceso judicial en donde se investiga y sustancia la conducta imputada a distintos funcionarios públicos, algunos que han dejado su función y otros en su ejercicio actual”.
Señalaron como impropias “las expresiones individuales de quienes justamente ejercen la función pública”, manifestando que las mismas “deben ajustarse necesariamente a garantizar aquel equilibrio, permitiendo que cada poder ejerza su función en forma totalmente independiente, ya que de lo contrario de nada vale enarbolar la bandera de la democracia, si no se cumple el principio básico que nos caracteriza como República, resultando en consecuencia una palabra carente de contenido.”
En otro tramo de dicho comunicado advirtieron que las “arengas callejeras” y la incitación “a un eventual levantamiento popular en contra del regular funcionamiento de un Poder del Estado, no solo constituye una irresponsabilidad institucional de suma gravedad sino un precedente peligroso y de consecuencias impredecibles para las nuevas generaciones que finalmente verán que de nada sirve acudir a la justicia para debatir y sustanciar nuestros problemas, sino más bien, ejercer ese derecho por mano propia.”
También remarcaron que “es nuestra responsabilidad como autoridades de esta Seccional advertir a la sociedad toda y especialmente a nuestros colegiados que desistamos de esta conducta que en nada beneficia a la paz social y convivencia democrática que tanto nos costó conseguir”.
El comunicado del Colegio de la Abogacía de Concordia resulta desenfocado si se tiene en cuenta la demostrada relación casi promiscua que tanto jueces como fiscales que llevan adelante el juicio contra CFK mantenían con el ex presidente Mauricio Macri, el prófugo “Pepín” Rodríguez Simón, y otros integrantes del PRO; además de irregularidades en el proceso como la incorporación de elementos «sorpresa», «pruebas espurias» y «la utilización de arrepentidos que se arrepienten de nuevo», la negativa al pedido de ampliar la indagatoria por parte de la acusada, «en abierta violación del principio de defensa en juicio», tal como lo han señalado juristas de talla internacional como el español Baltazar Garzón o el ex miembro de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni.
