El gobierno nacional anunció que busca reducir la cantidad de planes sociales que existen actualmente en la Argentina como parte del ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, serían unos 300 mil planes mal otorgados.
Para eso, anunció que implementaría en el país y a través de las universidades una serie de auditorías a las organizaciones sociales cuyas unidades de gestión son las responsables de dar los planes.
Las últimas declaraciones del ministro Juan Zavaleta indicaban que esta semana comenzarían en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe las encuestas mediante las que se conocería el estado de situación de los planes. Los interrogatorios estarán a cargo de estudiantes voluntarios de las universidades, entre ellas la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Sin embargo, desde la regional Santa Fe de la UTN reconocieron esta mañana que la implementación se encuentra todavía en una fase previa. Las universidades están aún en proceso de armado de las encuestas que deberán responder los beneficiarios.
“Nos están instruyendo para que en Santa Fe y Rosario convoquemos a los estudiantes que realizarán las encuestas, estamos recién empezando” dijo Eduardo Donnet, decano de la regional.
Respecto del lugar en donde se dará el intercambio entre estudiante y beneficiario, anticipó que serán los beneficiarios los que deberán concurrir a un lugar prefijado por el gobierno. Allí, responderán una encuesta de 20 preguntas que demandará unos 20 minutos por caso.
Entre la información que se busca recabar se pretende saber si los beneficiarios trabajan, qué terminalidad educativa está llevando adelante, si hay alguna formación laboral o acreditación de competencias. También se consulta si reciben otro beneficio, si reciben gratis algún alimento o vianda o si están concurriendo a algún merendero, por ejemplo.
Se calcula que en toda la provincia de Santa Fe hay entre 40 y 50 mil beneficiarios del Potenciar Trabaja – el plan por donde comenzará el control – y solo en la ciudad capital unos 15 a 20 mil.
“No sabemos si la encuesta es de carácter definitivo, porque las organizaciones sociales tienen intenciones de participar en el desarrollo de las encuestas y en este momento el gobierno está negociando con ellos” contó Donnet a este medio.
Orgullo y prejuicio
Lo que se está negociando es el tipo de preguntas que se harán y el cuidado en el manejo de los datos privados que se recolectarán.
Las organizaciones sociales levantaron la voz cuando el gobierno salió a hablar de “auditorías” y “controles”, pre asumiendo que el beneficiario o las unidades de gestión ya estaban haciendo un mal uso del plan social, que contempla una contraprestación laboral de 4 horas por un salario de unos 25 mil pesos.
“No le pondría la categoría de auditoría, porque para ser auditoría tiene que haber no conformidades, yo prefiero hablar de encuesta porque una vez trabajada le podemos entregar al Ministerio desde la universidad y ahí sí que haga el cruzamiento” explicó el ingeniero responsable de la casa de estudios santafesina.
Sobre el uso que hará el gobierno con la información, el académico señaló que la encuesta tiene carácter de Declaración Jurada y que hay convenio de confidencialidad con las universidades, porque los datos que se vuelcan son de carácter estrictamente privado.
Respecto de los tiempos, Donnet anticipó que podrían comenzar las encuestas en septiembre y que la duración sería de pocos meses.
