Entre las funciones de la Comisión se establece la evaluación de resultados de las políticas públicas nacionales de tránsito y seguridad vial; el seguimiento y análisis del presupuesto asignado a los organismos nacionales con competencia en esta materia, así como la ejecución presupuestaria; y contribuir al desarrollo de convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en miras a homogeneizar e implementar políticas de tránsito y seguridad vial y facilitar la normalización normativa.
Además, el artículo 5º del proyecto establece que para el cumplimiento de sus fines la Comisión podrá requerir información y formular consultas a áreas técnicas y legales de los distintos ministerios, secretarías, entes autárquicos y descentralizados y todo organismo público del ámbito nacional; universidades y organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria en materia de tránsito y seguridad vial, académicos, técnicos y expertos de centros de investigación privados; y hospitales públicos y centros de salud nacionales.
Al referirse a los fundamentos del proyecto, el legislador señaló que si bien desde 2008 se colocó en la agenda pública la lucha contra la siniestralidad vial -con la sanción de la Ley 26.363, de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial- los resultados son desalentadores. “Los registros oficiales se mantienen amesetados, no advirtiéndose una clara tendencia hacia la reducción de víctimas fatales en incidentes viales, lo cual pone en blanco sobre negro que las políticas ejecutadas en la materia no alcanzaron el objetivo planteado por la ley”, dice Galimberti en la fundamentación.
