“Cuando hay secuestro de motos, vehículos y demás existe siempre el problema del almacenamiento. Quiero aclarar que, después de seis meses está la posibilidad de la destrucción o de, eventualmente, de reutilización de los vehículos y ese sí es un tema que debemos acelerarlo”, indicó Cedro.
La última visita de la compactadora se produjo en 2018 e inutilizó cerca de 900 motos. Anteriormente, en el año 2017, la compactadora destruyó aproximadamente 2.500 motos, cerca de 45 autos, un acoplado y hasta un chasis de un colectivo abandonado.
El martes pasado, el director de la Central de Tránsito, Roberto Zabala, indicó que hay más de 1.800 motos secuestradas desde hace, por lo menos, más de seis meses (tiempo mínimo transcurrido el cual se pueden compactar), en dos galpones, uno en calle Carriego, y el otro en la esquina de avenida Independencia y Monseñor Rösch, en el sector conocido como ‘la curva de Garamendy’. Y además un depósito de autos, resguardado por personal municipal, al aire libre en la vieja planta asfáltica al lado del Autódromo, por la calle que conduce a La Tortuga Alegre.
Por otra parte, Cedro mencionó que el sistema de probation para las infracciones de tránsito está previsto desde hace mucho tiempo en el Código de Faltas. “Es un sistema que prevé que cualquier persona que tenga la primera infracción o infracciones menores puedan sustituir las multas por trabajos comunitarios. Son mecanismos que también sirven como cuestiones educativas”, indicó.
En tal sentido, la concejala Cristina Guitar (Frente de Todos- Nueva Concordia) recordó que en el año 2020 presentó un proyecto donde solicita que las infracciones de tránsito menores que cometan conductores de motos sean compensadas con trabajos comunitarios. Guitar explicó que, de esa forma se les estaría ofreciendo la posibilidad a los trabajadores que no pueden pagar la multa, como los motomandados, de recuperar sus vehículos. De esa manera, se podría evitar que el depósito de motos esté a punto de colapsar.
En la misma sesión, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Felipe Sastre, se manifestó al respecto de la denuncia. “Queremos que avance la investigación y que toda la sociedad pueda saber que está pasando. En eso nuestro total apoyo a las autoridades judiciales que están investigando. Debemos dar una respuesta”, dijo. La concejal Claudia Villalba (Frente de Todos) indicó que la denuncia fue efectuada por el intendente “gracias a las cámaras de seguridad que existen en el municipio y gracias a ellas se pueden prevenir estas cuestiones”. “Como en toda institución, hay gente buena y hay gente que comete estos ilícitos”, dijo.
Las autoridades de Tránsito notaron que faltaban baterías de varias motos. “Había sido retiradas de su lugar”, dijo Zabala. “Con las cámaras se vio que habían salido del depósito”, añadió. Asimismo, observaron la entrega de una moto sin autorización de la Coordinación de Tránsito y fuera del horario en que se entregan los vehículos.
