El planteo del fiscal está en línea con una batería de medidas previa respecto de la veintena de imputados en la causa tendiente a establecer si hubo una acción coordinada de todos ellos con medios de comunicación afines para hostigar y acorralar a funcionarios judiciales no alineados, que al parecer incluyó seguimientos e indagaciones en sitios de alojamiento de datos. Junto a Gils Carbó la causa sitúa como presuntas víctimas a la camarista de Casación Ana María Figueroa, a otros magistrados como Martina Forns, Marcela Pérez Pardo, Eduardo Farah , Alejo Ramos Padilla, Eduardo Freiler y a los jueces de trabajo Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis A. Raffaghelli, Mirta González Burbridge, Diana Cañal, Dora Eva Temis y Néstor Rodríguez Brunengo.
La causa madre arrancó en mayo de 2020 con los dichos de Figueroa, primero en una entrevista y luego, con precisiones, en el expediente, acerca de las presiones que dijo haber sufrido de parte del exintegrante del Consejo de la Magistratura por el Ejecutivo Juan Bautista Mahíques, actual procurador en la ciudad de Buenos Aires para que acelerara su voto en el sumario sobre el memorándum con Irán. La visita que refirió la camarista data de diciembre de 2015, apenas días después de iniciado el mandato de Macri.
Las pesquisas respecto de “Pepín” se basaron, en particular, en el relato del fiscal federal Gabriel de Vedia, amigo de Gils Carbó, quien lo visitó el 27 de octubre de 2017 en la Casa Rosada para pedirle que el Gobierno cesara la persecución contra la entonces procuradora. En su declaración testimonial, De Vedia contó que a esa solicitud Rodríguez Simón le contestó que sólo cesarían ante la renuncia de la funcionaria. Y que, en caso contrario, la gestión de Cambiemos pondría en prisión “a las hijas y a ella, en ese orden”. Un mes después Gils Carbó renunció a la Procuración.
Junto a Macri, Rodríguez Simón y Mahíques integran el pelotón de imputados el exjefe de Gabinete Marcos Peña; los exministros Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Jorge Triaca (Trabajo) y Juan José Aranguren (Energía), y otros exfuncionarios mencionados como conspicuos de la “mesa judicial” como José María Torello, Esteban Conte Grand, Pablo Clusellas, Bernardo Saravia Frías, Pablo Tonelli y el exjefe de la AFI Gustavo Arribas, así como Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, el dirigente radical Ernesto Sanz, el exsenador Federico Pinedo, la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, el expresidente de Boca Daniel Angelici y el abogado Guillermo Lipera.
La mecánica denunciada por los legisladores del Frente de Todos que impulsaron el sumario y por el fiscal que dio curso a las investigaciones consistió, en general, en sugerirles primero a jueces, camaristas y otros funcionarios judiciales el direccionamiento de sentencias en expedientes sensibles para Cambiemos o incluso la conveniencia de presentar sus renuncias; luego, ante la negativa a allanarse a esas requisitorias, sobrevenía una acción de pinzas entre referentes del gobierno anterior y medios de comunicación afines con pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura y menciones constantes por parte de periodistas oficialistas y programas en contra de los hostigados.
En su dictamen de este viernes el fiscal Picardi requirió compilar todas las entradas y salidas de “Pepín” a la Rosada y a Olivos entre 2016 y 2017 con “registros de fechas, horarios, autorizaciones de ingreso, motivos, a quién/es visitó, tiempo de permanencia y acompañantes”, entre otras precisiones. También “se deberá informar todos los ingresos y salidas a ambas sedes de gobierno -Casa de Gobierno o Casa Rosada y Quinta Presidencial de Olivos- los días que registre ingreso Fabián Rodríguez Simón, correspondientes al mencionado período 2016 y 2017” para establecer con quién o quiénes se reunió el operador judicial de Macri.
En el mismo sentido el instructor del sumario pidió todos los ingresos y egresos de Rodríguez Simón a la AFI en esos dos años y delimitar con qué personas pudo estar reunido. Picardi busca confirmar el nexo entre la búsqueda de información de una agente de la repartición sobre Gils Carbó y el propio operador.
Además solicitó a la oficina de escuchas de la Corte (Dajudeco) establecer “todos aquellos abonados telefónicos que haya registrado Fabián Rodríguez Simón a su nombre, desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019”. Y, a continuación, obtener “el registro digital de llamadas y mensajes entrantes y salientes” los diez días previos a hitos como la presentación de cada pedido de juicio político contra la exprocuradora, las búsquedas de información reservada en la AFI o la publicación en el diario Clarín, con la firma del periodista Ricardo Roa, del teléfono personal de una de las hijas de Gils Carbó.
A continuación ordenó un “entrecruzamiento tendiente a establecer los números telefónicos que establecieron comunicación, con mayor frecuencia, con Rodríguez Simón” y sobre esas líneas determinar la titularidad y la información sobre eventuales equipos encriptados.
