La cooperativa de agua de Ibicuy, cuyo asesor legal es el Dr. Ricardo José Luciano, se ha manifestado y ha denunciado varias veces el panorama desolador que están generando, en el Departamento Islas del Ibicuy, empresas sin escrúpulos que, avaladas por el poder político, destruyen desde hace años un humedal protegido, provocan enfermedades mortales a los trabajadores y habitantes del área y además -presumiblemente- están contaminando el agua para potabilizar que se extrae de los acuíferos colindantes.
El abogado Luciano había presentado un Amparo Ambiental Informativo que fue resuelto a favor por el Juzgado Civil y Laboral de Villa Paranacito, y luego confirmado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El mismo solicitaba información al estado entrerriano ante la posibilidad de contaminación del agua potable por parte de areneras instaladas en el Departamento Ibicuy, que realizan tareas de extracción de arenas silíceas que se envían a Vaca Muerta para el proceso del fracking. El requerimiento de la cooperativa de agua busca dar cuenta de qué estudios de impacto ambiental se hicieron para aprobar la instalación de las areneras y la consecuente extracción, filtración y transporte de un material cancerígeno como este tipo de arena.
Es por eso que ante el desinterés y los incumplimientos de la demandada, la Secretaría de Ambiente Provincial, en dar respuestas a los distintos requerimientos y no brindar la información exigida, es que se presentó ahora un “Amparo Ambiental Acción De Ejecución De Incidencia Colectiva” contra el gobernador entrerriano Gustavo Eduardo Bordet.
“Como lo vengo denunciando en mis escritos tengo fundada convicción, y con documental respaldatoria de que se están incumpliendo por parte del Gobierno de la provincia innumerables disposiciones legales”, señala el abogado Ricardo José Luciano, entre los que enumera el no cumpliemento de parte del gobierno provincial de la ley provincial y decretos de adhesión a la Ley General de Ambiente, a la Ley Nacional de Ambiente, a Ley Nacional de Amparo, a la Ley de Libre Acceso a la Información Ambiental, y varios artículos tanto de la Constitución Provincial como Nacional.
En este “Amparo Ambiental Acción de Ejecución de Incidencia Colectiva” se solicita que se le ordene al Gobernador que por su intermedio haga cumplir la normativa vigente con respecto a las denuncias de los imcumplimientos por parte de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos.
Un escándalo ambiental con la anuencia de funcionarios públicos cercanos al gobernador
La situación que ha revelado el abogado denunciante probablemente sea una de las más graves denuncias jamás efectuadas por el incumplimiento de sus deberes por parte de funcionarios públicos. La preocupación de los directivos de la cooperativa estaba basada en el enorme impacto ambiental en la región ocasionado por dichos establecimientos, destrucción a destajo de santuarios naturales, freno al escurrimiento natural de las aguas del humedal, ocasionando anegamientos y destrucción de cultivos de terceros damnificados, extracción de millones de M3 de arena, destrucción de humedales protegidos, y afectación en la calidad del agua subterránea de donde se extrae para proveer al consumo humano, dado que estas empresas emplean masivamente floculantes químicos cancerígenos que quedan liberados al ambiente y podrían estar contaminando las napa subterráneas.
CON LA COMPLICIDAD DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE LAS EMPRESAS FUNCIONAN CON GRAVES IRREGULARIDADES, COMO SER:
– Estudios de Impacto Ambiental, burdamente elaborados, sin ningún valor científico, toscos copie/pegue unos de otros.
-Muchas empresas ni siquiera han presentado los E.I.A. obligatorios que determina la Ley, o están vencidos, fuera de los plazos legales de vigencia.
-Tampoco han efectuado las audiencias públicas que marca la Ley como necesarias para su habilitación.
CON LA COMPLICIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA HACIENDA Y FINANZAS:
Las empresas no presentan sus informes periódicos de liquidación de extracciones por lo que se pierden millones de pesos de recaudación tributaria con la cómplice inacción de este ministerio, que no los fiscaliza y obliga a tributar, a pesar de las graves circunstancias financieras en las que se desenvuelve la provincia.
