Dentro de este contexto, Ju.Fe.Jus. ya tiene dicho que la independencia e imparcialidad de los jueces tiene su bastión en la observancia estricta de las reglas que cada Constitución establece.
Como se ha señalado reiteradamente, el Estado de Derecho presupone el respeto a la división de poderes, a la ley como expresión de la voluntad popular y la existencia de un poder judicial imparcial e independiente.
Es precisamente, el rol de la justicia, velar permanente por cumplimiento de las garantías constitucionales y el normal funcionamiento de las instituciones de nuestro sistema democrático y republicano de gobierno, garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción, especialmente, de los sectores más vulnerables.
Para cumplir acabadamente esta función resulta indispensable cuidar la independencia, imparcialidad y autonomía real de los Poderes Judiciales que integran la estructura del Estado en las jurisdicciones Provinciales.
Nuestro compromiso con los justiciables es garantizar la imparcialidad e independencia, pilares fundamentales para hacer efectivo el Estado de Derecho Constitucional.
A principios de diciembre pasado, el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, denunciado por supuesto mal desempeño de su función, cargó fuerte contra el Jurado de Enjuiciamiento que decidió abrir causa en el Jury contra la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.
García recusó a cuatro de los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento: el presidente del STJ, Martín Carbonell, los miembros de la Sala Penal, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, y a la representante del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Sonia Rondoni. Además, los denunció ante la probable comisión de un delito al violentar el ordenamiento legal en cuanto a las funciones de Fiscalía.
