Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia prevista en la Ley N° 25.520, en virtud de lo dispuesto por la Subcomisión de Investigación convocada al efecto el 07 de abril de 2021, conforme los arts. 15 y 16 del Reglamento Interno, ha considerado el Expte. CBI ID N° 11 y sus conexos. Por los fundamentos que se expresan en el informe que se acompaña, se aconseja su aprobación en los términos presentados:
EL ESTADO MAFIOSO
La Argentina estuvo y está en peligro. Nuestra democracia enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: investigar y castigar el aniquilamiento de los derechos de los ciudadanos, la violación de nuestra Constitución Nacional, el ataque contra los fundamentos del Estado de Derecho, la libertad y la paz de los argentinos y la degradación de nuestro sistema político republicano y democrático, al punto de hacerlo retroceder a los períodos más oscuros de nuestra historia. Investigar y castigar este arrasamiento que produjo dolor e inseguridad a miles de ciudadanos, no sólo es un imperativo legal, sino una obligación política y un compromiso moral.
Durante el gobierno que abarcó el período 2015 – 2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa. Fue diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los médios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos. No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas. Estos son sólo algunos de los datos que surgen de la descripción minuciosa de los delitos señalados en esta investigación, que resulta clave para que la sociedad argentina pueda separar del Estado a las cloacas por las que tiraron a nuestra democracia. Se impone así, un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado a la República Argentina.
Los nombres de las operaciones aquí detalladas contra opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri, muestran la amplitud del espectro alcanzado por el ataque: Operación Instituto Patria; ARA San Juan; Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; Atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes políticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado – GNL, por mencionar sólo algunas, incluyendo la que sufrió la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
El método que se usó, conocido universalmente como lawfare o guerra jurídica, consiste en el ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sicronización con los medios de comunicación hegemónicos. Las acciones concretas con que se se materializó, fueron: seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos “arrepentidos” falsamente y bajo presión, entre otras. El objetivo de este sistema no era adelantarse a los pasos o averiguar las actividades de los adversarios, como el espionaje político de otras épocas. Ahora, se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales. Se trataba de lograr una sentencia anticipada construída mediatica y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos. La ficción mediática suplantaba así a la actividad jurisdiccional, a los códigos de forma y de fondo y a la mismísima Constitución Nacional. En el lawfare, como en la guerra, la verdad y la justicia fueron las primeras víctimas.
Este espionaje ilegal se produjo a través de células armadas específicamente para ese objetivo. Se evitó en lo posible, con premeditación y alevosía, la utilización de las estructuras profesionales preexistentes en el Estado, aunque no el uso de sus recursos. De otra forma, se corría riesgo de que la información se filtrara y, sobre todo, que quedaran demasiadas huellas de la ilegalidad en el camino. Se creó una estructura estatal paralela y clandestina; una verdadera organización mafiosa. Las “células paralelas” eran una serpiente de varias cabezas que luego se fundían en la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -que asumiera con el gobierno de Mauricio Macri-, cumpliendo cada una de las fases del ciclo de la Inteligencia: recolección, procesamiento, análisis, diseminación, planificación y dirección de datos.
El objetivo polítco central era borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015. Este objetivo principal obligó al nuevo gobierno presidido por Mauricio Macri a entrar en acción de inmediato. No había tiempo que perder. Fue en los primeros meses del año 2016 -recién iniciada esa nueva gestión- cuando la conducción de la AFI comenzó el reclutamiento para algunas de estas células. Las pruebas son concluyentes: detalladas y pormenorizadas declaraciones y confesiones de varios de los agentes que participaron y que se incluyen en los documentos que acompañan este dictámen. Dalmau Pereyra, jefe de Contrainteligencia de la AFI en ese momento, nexo con la cúpula del organismo dirigido por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani -jefes de la AFI- fue el primer encargado del montaje. Facundo Melo, María Mercedes Funes Silva, Leandro César Araque y Jorge Horacio Sáez -varios de ellos ex agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires gobernada desde el año 2007 por Mauricio Macri y sucedido en 2015 por Horacio Rodríguez Larrta-, se incorporaron a la AFI en el año 2016. Luego, fueron parte de la célula que se conocería como los
“Super Mario Bros” y que funcionaría en “La Cueva”, como ellos mismos llamaban a su central de operaciones.
No era posible armar este circuito ilegal sin financiamiento. Mientras Majdalani y Arribas reclutaban los agentes, el Presidente Macri decidía por decreto que los gastos de la AFI volvieran a ser reservados, categoría de fondos que fuera eliminada por ley en el año 2014. Las fechas no son números en un calendario, son hilos que ayudan a reconstruir una trama. Con el decreto 656, firmado el 6 de mayo de 2016, el ex presidente Mauricio Macri anuló el decreto 1311 firmado en julio de 2015 por Cristina Fernández de Kirchner, que reglamentaba la Ley de Inteligencia que había sancionado el Congreso de la Nación meses antes. Esa decisión, dispuso que los recursos destinados presupuestariamete a la AFI, volvieran a ser gastos reservados sin control alguno. En el 2016 el presupuesto para la AFI fue de 1.450 millones de pesos, unos 100 millones de dólares al tipo de cambio de entonces.
El modus operandi de la destrucción del Estado de Derecho, de la justicia y de nuestra democracia, con una renovada guerra sucia a través del espionaje protagonizado por el gobierno de Mauricio Macri, se intenta resumir, de manera ejemplificadora, en esta investigación y en los documentos que la respaldan. El sobrevuelo por algunas de las operaciones que se revelan en estas páginas permite ver las piezas de ese mecanismo. Ablandar, es decir extorsionar moralmente – en su buen nombre y honor – a personas a través de publicaciones, fake news y testimonios armados para que luego declaren en contra de otras, era una de las tantas tareas de las células, coordinadas con ciertos enclaves en el Poder Judicial y sectores del periodismo. Uno de esos modus operandi era la detención preventiva de familiares para negociar su libertad a través de confesiones bajo extorsión.
La “Operación Pablo Barreiro” -ex secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner- es una muestra de este accionar. En el marco de la mediáticamente denominada “Causa Cuadernos”, que habilitó detenciones a granel contra ex funcionarios y empresarios, el entonces juez federal Claudio Bonadío ordenó el arresto de Ricardo Barreiro, padre de Pablo. A través de personas allegadas, entró luego en acción el espía Marcelo Sebastián D’Alessio, otro inorgánico que realizó múltiples operaciones. Barreiro recibió el consejo por parte de D’Alessio de “sumarse” a los “arrepentidos”. La participación mediática en estas operaciones fue una pieza central.
En la denominada causa de GNL, en la que se investigaba una supuesta trama de corrupción, se descubrió que con un año de anticipación estaba planificada la publicación de un libro sobre el tema. Ese texto sería el disparador con el que Bonadío impulsaría la causa y la citación como testigos del caso, al autor del libro, el periodista Daniel Santoro del Grupo Clarín, y sus fuentes, que no sería otro que el propio espía D’Alessio. Se cerraba de esa manera el círculo judicial-mediático.
Los periodistas con gran audiencia tampoco estuvieron a salvo. La operación sobre Alejandro Fantino se disparó porque circuló la información de que había tenido una reunión privada -un off the record- con la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La inteligencia ilegal armó “una carpeta” sistema conocido en la jerga periodístia como “carpetazo”- para poder determinar sus inclinaciones políticas, como así también las del resto de los periodistas que integraban el staff de su programa.
También hubo seguimiento, hostigamiento e instalación del pánico en la víctima. Ejemplo de este tipo de operación es la que se desarrolló sobre la abogada Giselle Robles. Había representado al “arrepentido” Leonardo Fariña, en quien se manifestaron los primeros síntomas del uso degradatorio de la ley del arrepentido. Robles había descubierto que las declaraciones que su defendido brindaba estaban escritas en un mail que llegaba desde la casilla de correo elturista@protonmail.ch, entre otras. Eran las instrucciones de lo que debía decir en la causa bautizada por el poder mediático, alineado con el gobierno electo en el 2015, como “Ruta del dinero K”, en la que se investigaban posibles maniobras de evasión y lavado del empresario Lázaro Báez. La tarea de Fariña era construir un nexo entre esas actividades financieras y los contratos de obra pública que Báez había ganado en Santa Cruz. No era sólo para poder sostener la hipótesis del lavado de dinero sino para involucrar de modo más directo a ex funcionarios, con frases rimbombantes e irrisorias que la prensa oficialista se encargó de viralizar: “se robaron un PBI”, fue una de las más utilizadas. Robles renunció a la representación y denunció el armado de la causa y esas operaciones. Inmediatamente comenzaron las represalias en su contra: denunció que comenzó a ser seguida y amedrentada por los espías. De esta manera, el círculo ominoso de persecusión política que significa el despliegue sistemático del lawfare o guerra jurídica para el armado de causas judiciales espurias y su imbricación mediática no podía cerrarse, como señala el informe, sin su pilar fundamental: la llamada “pata judicial”. Así, el Poder Judicial entraba en acción para impulsar medidas directas de altísimo impacto mediático: allanamientos, detenciones y embargos. Dichas medidas se aplicaban luego de un previo clima mediático creado por aquellas mismas denuncias amplificadas por los sectores cómplices de los medios hegemónicos, en una retroalimentación permanente, circular y perversa.
Otra de las pruebas del funcionamiento operativo de estas células, la constituye la operación de espionaje sobre Oscar Parrilli, ex Secretario General de la Presidencia entre los años 2003 y 2014 y último titular de la AFI. Las fechas, otra vez, permiten la reconstrucción de este delito. Describen, también, el nivel de premura con que el poder político de ese momento necesitaba su realización. El teléfono del Dr. Oscar Parrilli, actual Senador Nacional por la Provincia de Neuquén, estuvo intervenido durante 209 días a partir de entonces. La intervención de la línea se inició el 30 de enero de 2016, a pocos días de que asumiera el Presidente Mauricio Macri. Las máximas jerarquías de la AFI se presentaron ante la Justicia y pidieron “pinchar” la línea. La excusa fue que estaban ante una hipótesis de delito en el marco de la Ley Nacional de Inteligencia. Esto permitió, como en otros casos, la apertura de una “precausa”. Esta -la precausa- es una figura legal que habilita el seguimiento de una persona sólo por la sospecha, sin pruebas. La intervención de la línea de Parrilli primero fue autorizada por la jueza federal María Servini de Cubría y luego por su colega Ariel Lijo. Sus conversaciones con Cristina Fernández de Kirchner, verdadero objetivo de las escuchas, fueron grabadas y posteriormente difundidas en varias entregas y en los horarios estelares de la televisión argentina. Esa clara violación del Estado de Derecho, se perpetró durante los años 2017 y 2018.
Así también, en esta investigación se cuentan los testimonios en primera persona, de los agentes de una de las principales células de espionaje ilegal, la que funcionaba en “La Cueva”, en la calle Pilar 1460, primer piso B, CABA.
El espía Facundo Melo aseguró que el grupo tenía un archivo Excel con todos los expedientes de “los presos K”. La función de la sistematización era facilitar las tareas de seguimiento. Melo confesó otro objetivo: involucrar en una causa a los líderes del Sindicato de Camioneros, Hugo y Pablo Moyano, que se habían vuelto blanco de la AFI luego de que rechazaran la reforma laboral impulsada por Macri. La tarea de Melo por pedido de su jefe, el agente Alan Ruiz, a cargo de Operaciones Especiales, era direccionar la declaración de Damián Lagaronne contra los Moyano. Lagaronne era uno de los barras del Club Independiente acusados de defraudación y asociación ilícita contra la institución. Por entonces, los Moyano eran la conducción del Club Independiente votada por los socios.
El agente Jorge Horacio Sáez contó que, al inicio del armado de la célula que funcionaba en La Cueva, fue el mandamás de la AFI Gustavo Arribas, quien le pidio al jefe directo de Saéz, que se prepararán para trabajar en inteligencia política. Específicamente en “seguimiento al movimiento peronista» (SIC). Saéz agregó que a través de los grupos de Whatsapp que compartía su grupo se enteró del seguimiento sobre Cristina Fernández de Kirchner, otros dirigentes, y el Instituto Patria.
María Mercedes Funes confesó que le consultó a su jefe -Alan Ruiz- si el trabajo que estaban haciendo era ilegal. Ruiz le contestó, según Funes, que tenían cobertura judicial, que todo se hacía con el respaldo de una orden emanada por ese poder del Estado. Ruiz no le estaba mintiendo a su subalterna.
Sabía que sus jefes lograban en cada caso, “dibujar” una causa para encubrir el espionaje ilegal, tal como terminó ocurriendo en alguna de esas prácticas.
El testimonio de J. J. H., ex director de Operaciones, confirma el seguimiento sobre el Instituto Patria. Según él, a partir de un programa de televisión, se enteró del operativo. Sostuvo que le consta que los agentes que participaron pertenecían a la AFI y estaban a cargo de Ruiz.
En el mismo sentido se direcciona la declaración de J. H., ex jefa del Departamento de Casos Judiciales de la Dirección de Contrainteligencia. Dijo que estuvo presente en una conversación entre dos jefes de área en la que se reconoció que los autos que hacían el seguimiento al Instituto Patria eran de Contrainteligencia. J. H. ilustró también sobre el modus operandi de las estructuras superpuestas. Dijo que el área inorgánica estaba compuesta por un
“Gabinete B” que comenzó en 2016 –las fechas, siempre las fechas-. Y que en ese lugar se realizaban las escuchas y transcripciones hasta el año 2018. El jefe de Contrainteligencia de la AFI, Dalmau Pereyra, antes de abandonar su lugar y ser enviado a Chile, señaló que realizó las transcripciones del “caso Parrilli”, junto con los de otros funcionarios.
Un panorama sobre el giro que se produjo en la AFI tras el triunfo de la fuerza política que ganó los comicios del 2015 lo brindó el testimonio de A. B., otro ex director de Contrainteligencia. Afirmó que a partir de esa gestión se puso el acento en las áreas que son las más importantes para producción de espionaje local. Así, los presos políticos fueron una presa apetecida. Sonia Mariela Álvarez, ex directora del Complejo Penitenciario de Ezeiza, reveló cómo se gestó el espionaje en el módulo 6 de ese penal, en el que se alojaban los “presos
K”. Se decidió trasladar a Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”, a ese sector. Una vez que ingresó al módulo, decisión acordada por la AFI y la Inteligencia Penitenciaria, la Agencia solicitó a la Justicia la instalación de cámaras en la celda y la intervención del teléfono del pabellón. La hipótesis falsa, por supuesto, era que Segovia podía planear desde la cárcel un atentado. El “rey de la efedrina” funcionó de excusa, se transformó en el periscopio para espiar en la superficie. La fiscal Cecilia Incardona, que investigó este delito en el penal, determinó que el área de Asuntos Jurídicos de la AFI escuchó todas las conversaciones de los teléfonos intervenidos en el complejo penitenciario. Y que reprodujo informes que envió al área de
Contrainteligencia. No se escuchó solamente a Segovia.
Estos, son sólo algunos pantallazos de lo que esta investigación fundamental documenta acerca de lo que sufrió la Argentina durante esos años.
En razón de estos fundamentos y de los hechos investigados que se acompañan, es que dictaminamos la necesidad de imponer al Parlamento argentino y por su intermedio a la sociedad toda, sobre la existencia de una estructura ilegal de espionaje y persecución política de matriz mafiosa -para extorsionar, perseguir y eliminar o neutralizar la presencia de los oponentes- que en los últimos años ha conmovido el sistema institucional de nuestro país, sobre cuyos pilares se montó una amenaza a la propia democracia. Son hechos que, no sólo obligan a la promoción de sanciones penales, a través de expedientes judiciales que están en curso, sino también a sanciones políticas que únicamente pueden emerger de los cuerpos deliberativos.
Nuestra tarea estuvo y está enmarcada en las atribuciones que nos otorga la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, que fue sistemáticamente violentada y burlada por el accionar que describimos en el informe que acompaña este dictámen. Pero en el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores de otro poder del Estado: el judicial. Tomando en cuenta que el exámen y la calificación del accionar de sus miembros excede las facultades propias de esta Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia es que recomendamos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral que de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio.
El Parlamento argentino debe ser la voz de nuestros compatriotas que quieren volver a decir NUNCA MAS a estos “sótanos de la democracia” para asegurarse, definitivamente, vivir en paz y libertad.
* Dado en el Salón “Delia Parodi” del Honorable Congreso de la Nación Argentina, a los 20 días del mes de abril de 2021.
