La solicitud fue presentada por Claudio Lozano, director del Banco Nación y militante de Unidad Popular, Jonatan Baldiviezo, del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos – ODC) y otros referentes del movimiento de Derechos Humanos, de Unidad Popular (UP), la CTA Autónoma, el Partido del Trabajo y del Pueblo, entre otros.
Los u$s 1.800 millones corresponden a la segunda liquidación anual por los intereses del stand by firmado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Días atrás, trascendió que el ministro de Economía Martín Guzmán buscaba que en el acuerdo de Facilidades Extendidas, cuya negociación sigue en vigencia, se incluyan los 3.600 millones de dólares de vencimientos de este año; y cuya primera liquidación de u$s 1.885 millones se concretó en septiembre pasado (equivalente a 1.327 millones de DEG, la moneda del FMI).
Según informaron Lozano y Baldiviezo a Ámbito, la cautelar tiene por objeto que el Estado nacional «suspenda todo pago de deuda al Fondo Monetario Internacional, hasta que el Congreso nacional analice la legalidad y constitucionalidad de dicho endeudamiento y trate nuevos acuerdos con el FMI», incluyendo el pago de u$s 1.800 millones programado para este miércoles.
«Solicitamos al Tribunal que remita con urgencia al Congreso copia de la totalidad de las causas penales donde tramita la investigación de la comisión de delitos en el marco del endeudamiento con el FMI, a fin de que el máximo órgano democrático del país cuente con toda la información disponible para evaluar y considerar el nuevo acuerdo, y la legalidad y constitucionalidad del endeudamiento con el FMI a partir del año 2018», destacaron los dirigentes.
La cautelar fue presentada en el marco de la causa iniciada por la Oficina Anticorrupción, que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, con el número de expediente 3.561/2019 y la carátula: «Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública».
Lozano y Baldiviezo aseguraron que el endeudamiento por más de u$s44.700 millones con el FMI durante el macrismo «violó numerosas leyes, la Constitución nacional y tratados internacionales» y que al día de hoy el acuerdo suscripto por Mauricio Macri y Christine Lagarde «no ha sido convalidada ni tratada por el Congreso».
“Los organismos estatales que dictaminaron (Oficina Anticorrupción, Sindicatura General de la Nación, Banco Central y la Procuración del Tesoro) sostuvieron la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad; malversación de caudales públicos; y defraudación por administración infiel, en perjuicio de la Administración Pública Nacional», enfatizaron los denunciantes.
En este sentido, los amparistas consideraron que «el Estado no debería estar pagando una deuda con el FMI, cuando la formación de dicha deuda constituyó parte esencial de la comisión de diversos delitos denunciados» y enfatizaron que «esto implica reconocer una defraudación pública, pero continuar con los perjuicios económicos derivados de ella».
«Debe frenarse la profundización de los perjuicios al Estado Nacional hasta que el Congreso Nacional analice la legalidad y constitucionalidad del endeudamiento con el FMI durante el año 2018 o trate un nuevo acuerdo con el FMI», concluyeron.
A la denuncia suscribieron Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz – SERPAJ); Nora Irma Morales de Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora); Ricardo Peidro (CTAA Nacional); Leticia Beatriz Quagliaro (Unidad Popular); Hugo Ernesto Godoy (CTAA Nacional); Beverly Keene (Diálogo 2000); Víctor Norberto de Gennaro (Unidad Popular); Juan Carlos Alderete (PTP – Diputado Nacional); María Eva Koutsovitis (Unidad Popular – El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos); Luis Tiscornia (CONADU Histórica); Oscar «Colo» Gerardo De Isasi (CTAA Nacional); Cecilia Valerga (Coordinadora Serpaj) y Pablo Damián Spataro (CTAA Nacional), entre otros.
