En rigor, la obra social exige a los odontólogos que cumplan con los convenios suscritos, pero, además, les recordó que, en lo que va de 2021, “se les ajustaron valores de idéntica forma que a los demás prestadores; la aplicación de otra variable impuesta unilateralmente, dejaría a Iosper en la posición de ajustar sus presupuestos, cada vez que se le exija aumentar los aranceles”.
La estructura de costos que, según el Colegio es “obligatoria”, no está avalada por la Ley, ya que, según específica la norma, el Colegio no posee la facultad de decidir por sí mismo los valores de aranceles para la prestadora de salud.
Además, tampoco tiene aprobado por el gobierno provincial una estructura de costos que valide su pretensión, respecto que “el mínimo y justo salario que puede percibir un odontólogo”, sea en la actualidad de 280.000 pesos, valor sobre el cual calcula la consulta.
El directorio obrero recordó que el Estado provincial, a través de una Ley, “nunca le ha otorgado las facultades que invoca y menos aún, le permite utilizar la matriculación como instrumento de sometimiento, para avanzar contra las libertades individuales dispuestas constitucionalmente, como la de trabajar y acordar el valor del trabajo”.
Iosper exigirá a los prestadores el cumplimiento de los convenios firmados, además, emitirá copia de las actuaciones al ministerio de Salud y a la Legislatura, ya que “el tenor de las mismas configura la imposición de facultades por sobre el propio Estado, que jamás le han sido delegadas”.
