Sin entrar en detalle sobre los aspectos jurídicos del allanamiento, lo que busco introducir en la temática, dijo Orduna a DIARIOJUNIO “es la urgente y necesaria instrumentación de la ley provincial 10.894 de ACCESIBILIDAD AL CANNABIS CON FINES MÉDICOS, TERAPÉUTICOS Y/O PALIATIVOS DEL DOLOR EN ENTRE RÍOS, que se encuentra operativa –es decir que ya se encuentra generando derechos- desde su publicación en el boletín oficial el 21 de mayo de 2021”.
Un aspecto central que introduce la norma, señala, es la formación a las fuerzas de seguridad que operan en la provincia (Gendarmería Nacional, Prefectura, PFA, y Policía de la Provincia de Entre Ríos entre otras) y también incluye la formación a funcionarios públicos del Ministerio Publico y Poder Judicial de la provincia (jueces, fiscales y defensores públicos entre otros).
Nuestra ley provincial imitando en parte la Ley Micaela (que busca la formación de todos los funcionarios públicos de la provincia en cuestiones de género a fin de erradicar la violencia contra las mujeres) la ley de cannabis provincial busca que la norma sea estudiada y enseñada por los operadores jurídicos y al mismo tiempo fuerzas de seguridad para terminar con la persecución de usuarios de la planta de cannabis y sus derivados.
Solicitamos a las autoridades la urgente instrumentación del artículo 18 de la ley provincial:
Art. 18° – Formación y capacitación: La Autoridad de Aplicación deberá promover y garantizar, en conjunto con las instituciones competentes en la materia; universidades públicas, privadas y otros centros de capacitación para personal de salud; instancias de formación obligatorias destinadas a trabajadores, trabajadoras y profesionales de la salud y de todas las áreas que tengan incumbencia en el uso, acceso, y tratamiento de la planta de cannabis y sus derivados con fines médicos, terapéuticos y paliativos del dolor.
Asimismo, deberá convocar a un grupo interdisciplinario compuesto por especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil para brindar capacitaciones obligatorias en materia de cannabis para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, incluido el Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) y Entes Autárquicos.
