Según el comunicado al que tuvo acceso DIARIOJUNIO, la Seccional Concordia del Colegio de la Abogacía considera que «las medidas adoptadas por la AJER, que implican dos días de paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración, demuestran una falta de solidaridad y oportunidad, afectando a los más vulnerables y a la mayoría de la sociedad que ha padecido y padece, los efectos de la pandemia»
En tanto, y si bien aseguran reconocer la problemática de los trabajadores estatales, «sabemos que el Poder Judicial goza de mejores salarios, beneficios y características especiales diferentes al resto de la administración pública provincial, y por eso consideramos que esta medida es excesiva»
Asimismo, «entendemos, asumimos y postulamos que el servicio de justicia debe brindarse de manera esencial en beneficio de los ciudadanos, y esta medida de fuerza limita el libre ejercicio profesional de los abogados y abogadas que hoy trabajan y se esfuerzan para brindar el mejor servicio posible en estas circunstancias», agregan.
«Los profesionales del derecho durante los años 2020 y 2021 hemos visto severamente afectada nuestra fuente de trabajo a raíz de la pandemia y las variadas medidas de fuerza dictadas desde el gremio que nuclea a los empleados judiciales»
Finalmente, el comunicado concluye en que «por lo expuesto, nos unimos al pedido para que las autoridades judiciales actúen de inmediato y garanticen el derecho de la ciudadanía de acceso al Servicio de la Justicia que con estas medidas queda gravemente afectado»
– Paro el 18 y 25 de agosto
Vale recordar que la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), efectivizó está mañana el paro de actividades previsto y advirtió que el siguiente será el 25 de agosto próximos, mientras que el viernes 27 definirán la continuidad de las medidas.
La decisión se tomó en Plenario provincial de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER), ante lo que consideran una “derogación de facto” de la ley que establece el sistema salarial del Poder Judicial entrerriano.
La medida de fuerza es en reclamo a “la inmediata restitución y aplicación integral” de la Ley 10.068, que establece el sistema salarial del Poder Judicial y que fuera suspendida por un año por la ley de emergencia provincial. “El gobierno, en un acto de manifiesta ilegalidad, ha derogado de facto nuestra ley salarial con un decreto, por lo que los trabajadores y trabajadoras judiciales reclamamos se nos liquide lo que corresponde”, cuestionó el Plenario de AJER.
También manifestó que “la ley 10.068, de enganche con los aumentos de la Corte, no es un capricho ni un privilegio, es un mecanismo que garantiza la independencia del poder judicial, uno de los principios básicos del sistema democrático. Y su aplicación no solo evitó conflictos con los otros poderes del Estado y un funcionamiento ininterrumpido durante los casi 10 años de vigencia, sino que estableció aumentos equivalentes a los otorgados por el gobierno al resto de la administración pública sin ningún conflicto, por lo que pretender derogarla es un verdadero acto de irresponsabilidad”.
“Reclamamos que el Gobierno recapacite y revea esta decisión no solo equivocada sino ilegal y nos permita volver a nuestras tareas con normalidad”, concluyeron.
