Cuando los trabajadores les pedían a los inspectores que no les tomen los datos, Guattini sostuvo que “se crea un clima raro” que “no beneficia a nadie” porque los trabajadores declaraban después que no les habían querido tomar los datos cuando en realidad ellos se habían negado para no perder las ayudas sociales.
Muchos cosecheros no se dan cuenta que, al no registrarse, pierden la obra social y los aportes jubilatorios. “Lo que pasa es que viven el día a día y les conviene cobrar toda la plata porque te dicen que les hacen muchos descuentos. Ellos, sí tienen familias, los pierden a los beneficios porque no están registrados”, dijo.
Otro hecho que sucede a menudo es que no se les liquidan todos los días trabajados. “Eso les crea al sindicato, al no tener los aportes necesarios, un problema grave porque, por un lado, la obra social no puede responder. Y, por el otro, el trabajador se queda sin beneficio. Imaginate un familiar tuyo que se enferme y vayas a la obras social, a la cual defendés, y te dicen que no ‘porque no nos llegan los aportes’. Podés hacer un recurso de amparo pero todos los trabajadores no pueden hacer un recurso de amparo. En realidad, la obra social tiene la obligación pero termina en quiebra o en bancarrota. Por ese lado, la parte gremial tiene sus razones y por eso exigen tanto la regsitracion como corresponde de los días que realmente se trabaja”, remarcó.
Guattino reitero que en las inspecciones efectuadas este año, surgió que los trabajadores no estaban registrados. “El hecho de no haberse hecho el año pasado como se hacían normalmente, la no registración subió mucho: llegó a un 40 % o 43 %”. “Nosotros habíamos logrado bajarlo a un 32 o 33 %. Peor con el cambio de gobierno, a partir de 2015, eso fue aumentando. Y con el tema de la pandemia se agravó mucho más”, sostuvo.
Los resultados de las inspecciones no los tienen en forma automática. “No tenemos sistemas informáticos como tiene Nación. Lo nuestro es manual. Una vez que se les da el tiempo para que presenten la documentación, de ahí surge si los trabajadores estaban registrados o no”, indicó.
“Es importante que, cuando les dan el alta, no tengan el descuento del salario. Eran uno de los inconvenientes mayores que tenían, tanto el empleador, nosotros cuando hacíamos las inspecciones y el eslabón más fino que era el trabajador. Si seguían en esa situación, esa gente no se iba a poder jubilar cuando les llegara la edad”, indicó.
Guattini explicó que siempre se habló de 30 días pero nunca se cumplía. Eso era en los papeles pero en la realidad era 60 o 90 días. Y el trabajador el único ingreso que tiene es el salario. Imagínate a una familia de tres o cuatro chicos que les descuenten el salario familiar es muchísima plata. Estamos hablando de $ 25.000”, dijo
“Tuvimos lamentablemente por el tema de la pandemia que ha sido mundial, el único año que, de común acuerdo con nuestro jefe en Paraná, decidimos cuidar a los inspectores porque esta es una pandemia mortal y era complejo exponerlos a una situación así”, dijo. “El año pasado fue el único año en que se mermó y mucho las inspecciones en todas las actividades. No solamente en la fruta sino en todas las actividades de la ciudad y del departamento”, indicó.
