“En Concordia contamos con cuatro inspectores de riesgo y dos de higiene y seguridad”, indicó. Seis en total para el segundo departamento en materia demográfica de la provincia. Además intervienen en otros departamentos vecinos como Chajarí, donde hay cuatro inspectores más, y Federal que tiene uno. “La mayoría son de riesgo, algunos son diabéticos, otros son hipertensos. Pero, bueno, la mayoría ya cuenta con la primera dosis de la vacuna”, indicó Delgado.
Además, hay que tener en cuenta que Trabajo debe intervenir en todas las áreas que corresponder al trabajo en relación de dependencia, no solo al citrus, en materia laboral, de higiene y seguridad. Pero lo más complicado es llegar a las zonas agrarias. “Pero tenemos personal bastante capacitado y con mucha experiencia que conocen los lugares más arraigados en todo el departamento pero la pandemia hace que ese personal que conoce mucho no puede disponerse porque está en una situación de riesgo”, remarcó.
La otra situación que mencionó Delgado es la conjunción entre los dos tipos de empleadores: las agencias de servicios y los citricultores, propietarios de los campos. En los últimos años, las inspecciones iban dirigidas directamente a los citricultores. No obstante, Delgado indicó que, cuando son intimados a presentar la documentación laboral para corroborar que el personal de cosecha se encuentra registrado, entran en escena las empresas de servicios. Y, en ese punto, muchas veces se corroboran más irregularidades.
Delgado recordó que en 20217, bajo la presidencia de Mauricio Macri, se promulgo la SAS (Sociedad por Acciones Simplificadas). Delgado explicó que se pueden reunir dos personas para formar una SAS pero sin antigüedad ni capital crediticio para responder ante demandas laborales o problemas fiscales que pueden surgir. “Sabemos que la temporada de citrus es corta. Entonces se habilitan en formación las SAS y no terminan el trámite de inscripción ante la Dirección de Personerías Jurídicas. Luego desaparecen o aparecen otras con otros nombres”, acotó.
En consecuencia, los trabajadores pueden llegar a iniciar un juicio a una empresa sin ningún tipo de sostén económico. “Por más que sea ganable el juicio, debe esperar dos años de burocracia judicial para ver que no va a poder cobrar porque lamentablemente no existe más la empresa y los socios son insolventes”, indicó.
Por ello, remarcó que una tarea pendiente es el trabajo entre las diferentes dependencias estatales para regular esa materia. Una de ellas, que propone Delgado, es no permitir que se formen sociedades con requisitos tan laxos. O que se les exija al menos un seguro de caución para responder ante las demandas laborales.
Por otra parte, desde Trabajo explicaron que si bien el otro actor, el propietario del campo, es solidariamente responsable, a veces hay desconocimiento de parte del empleado que solo conoce a los capataces o responsables de las empresas de servicios y no al citricultor. “Muchas veces conocen solo a los dueños de las empresas de servicios o al capataz pero no sabe a qué campo van”, dijo.
Delgado dijo que hay dificultades geográficas para saber qué propiedad es y a quien pertenece. “Te dicen ‘viaje a tal lado, tal zona, tal lugar. Es muy difícil acreditar quien es el dueño del campo”, indicó.
El coordinador de Trabajo dijo que viene trabajando para presentar un proyecto legislativo para que se establezcan una regulación a favor de los cosecheros en esas situaciones. Por ende, que las empresas de servicios tengan un aval económico para responder en los casos en que son requeridos y no desaparezcan.
