Son cuatro empresarios, los que manejan el precio de los alimentos, son los mismos a los que Alberto Fernández cándidamente convoca a que ‘moderen su ambición’ y suben los precios de sus productos hasta el límite que les indican sería tolerable sin que caiga el consumo, los mismos a los que Alfonsín reclamaba: ‘les hablé con el corazón y me respondieron con la billetera’.
Hablamos de los Blaquier, dueños de Ledesma, de Pagani de Arcor, Urquía de Aceitera General Deheza -la que produce el jarabe de maíz se usa como endulzante- y Pérez Companc, dueño de Molinos.
Desde hace años vienen bloqueando en el parlamento esta ley que permitiría alertar a lo desprevenidos acerca de los riesgos que lo aguardan detrás de las ‘dulces tentaciones’ conque bombardean a la población, especialmente a los niños que son sus víctimas preferidas.
En el ambiente los conocen como el cártel del azúcar y tienen un poder de lobby enorme con el que han impedido que la norma no se haya sancionado hasta el presente.
Las reinas del sector son las bebidas gasificadas y Jugos artificiales; por lo general los jugos embotellados están compuestos de agua, azúcar y colorante, el agua saborizada, también las gaseosas ‘dietéticas’, y las bebidas ‘deportivas’, que eventualmente pueden contener alguna vitamina y/o sales minerales, pero seguro tienen mucho azúcar.
El daño a la salud que provocan este tipo de alimentos es enorme y son los principales responsables de las epidemias de obesidad infantil y diabetes que afectan la población actual.
El etiquetado frontal ha demostrado ser una efectiva advertencia para los desprevenidos y precisamente por esto, los empresarios responsables de este crimen, socialmente tolerado, se oponen férreamente a esta obligación. En nosotros esta apoyar esta medida que tendría un fuerte impacto benéfico en la salud de todos.
