Mediante un documento de 118 páginas, que acompaña a la resolución, se especifican los derechos y obligaciones de los pacientes, médicos e instituciones de salud, en el contexto de la nueva ley que permite el aborto hasta la semana 14 de gestación, inclusive.
Según el protocolo, entre las principales acciones implementadas para alcanzar los objetivos establecidos por la Ley 25.673, se encuentra la de «promover en todo el país el derecho que tienen mujeres, niñas, adolescentes y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, de acceder a la interrupción del embarazo».
De allí que la política sanitaria se oriente a garantizar el acceso al aborto seguro conforme los mismos parámetros que otras prestaciones del servicio de salud, es decir, «respetando los estándares de calidad, accesibilidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada».
«Todas las personas con capacidad de gestar, con y sin discapacidad, pueden tomar sus propias decisiones respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva», resaltan en el documento.
Y agregan: «Las/os profesionales de la salud tienen la función pública y el rol ético de cuidar la salud de las personas sin decidir por ellas, ni someterlas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas contrarios a las de la gestante debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad».
Además, se remarca que «las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional sin explicitar los motivos de su decisión».
También aclaran que las personas tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción legal de su embarazo en las siguientes situaciones (ILE):
– Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante ante el personal de salud interviniente.
– Si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
En lo que se refiere a la objeción de conciencia, en el texto se detalla que «El derecho a la objeción de conciencia podrá ser ejercido siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio o supongan el incumplimiento de deberes profesionales o causen un daño a la gestante».
En otras palabras, el personal de salud no puede negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.
Asimismo, aclaran que «la objeción de conciencia es siempre individual», por lo que las instituciones tendrán que «contar con recursos humanos y materiales suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio de los derechos que la ley les confiere a las personas gestantes en relación a esta práctica».
Si no cuentan con estas herramientas, están obligadas a «prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó».
El protocolo fue publicado en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra cada 28 de mayo, por lo que diferentes organizaciones convocaron a diversos actos a fin de celebrar que es la primera vez que esta fecha llega con el aborto legal en la Argentina.
