La novedad surgió en medio del escándalo que protagoniza el Vocal del Superior Tribunal quien fue denunciado ante la Cámara de Diputados, habilitándose el proceso de juicio político en su contra, por episodios de violencia en la ciudad de La Paz y también en su ámbito laboral, hacia sus empleadas. “Claramente esta jubilación tiene un trasfondo político que deberían explicar el Gobernador y los dirigentes del PJ. lo que se busca es callar a Castrillón para evitar que prenda el ventilador. Hay que recordar que cuando fue presidente del Superior Tribunal denunció acuerdos entre funcionarios y magistrados para cajonear causas y que no sean investigados” señalaron los legisladores de JxC.
“El peronismo no quiere hacerse responsable, ni pagar el costo político de la designación de Castrillón que se realizó en la gobernación de (Jorge) Busti, cuando (Sergio) Urribarri y (Gustavo) Bordet eran ministros de su gabinete, a pesar de las varias impugnaciones que tenía su pliego” recordaron.
Hoy, en el marco de un Juicio Político, nuevamente el peronismo le brinda su apoyo al Vocal, otorgándole el beneficio de la jubilación, a solo seis días de haber sido solicitada por él, frustrando la posibilidad de que sea juzgado por las imputaciones en su contra. La mano política es evidente: ninguna jubilación se tramita y decide tan rápido sin el acuerdo de los más altos mandos. “El peronismo busca garantizar la impunidad de Castrillón, evitando que uno de sus históricos alfiles políticos, pueda ser investigado y eventualmente expulsado e inhabilitado para ejercer cargos públicos. No nos sorprendería ver a Castrillón en las listas del PJ, como candidato a algún cargo político en el 2023.
«Indudablemente el oficialismo busca también remover rápidamente un funcionario cuyo perfil le resulta incómodo, para darle así un pronto reemplazo, con otro más leal al resguardo de los intereses judiciales del Ejecutivo. Es esa, probablemente, otra de las razones que justifica la premura inédita de su jubilación”.
“Como diputados, los entrerrianos nos han confiado la responsabilidad de controlar y acusar eventualmente ante el Senado a las máximas autoridades provinciales, manifestamos nuestra indignación ante actos como este que sustraen maquiavélicamente una competencia de la legislatura profanado de esta manera nuestra Constitución», concluyeron.
