Contempla a las personas que -por causas políticas, gremiales o ideológicas- hayan sido cesanteadas o exoneradas de cargos o empleos públicos ejercidos en cualquiera de los Poderes del Estado provincial, entes autárquicos o empresas estatales en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
La iniciativa establece que el Ministerio de Gobierno y Justicia será el encargado de abrir un registro para actualizar, reunir, procesar, evaluar y sistematizar el padrón de las personas que soliciten tal beneficio.
Quienes se inscriban deberán aportar información que acredite que dejaron de tener una relación laboral con el Estado debido a causas políticas, gremiales, ideológicas o similares.
En el proyecto, la diputada Jaroslavsky dispone que “el resarcimiento económico será equivalente a 20 sueldos mínimos del escalafón provincial y se efectivizará por una única vez a valores vigentes al momento del pago, sin intereses”. A su vez, el derecho a obtener el beneficio caducará dentro del plazo de tres años contados a partir del dictado de la norma.
La presentación de la iniciativa responde a un legítimo pedido que le hizo la Comisión de Cesanteados por la Dictadura Cívico Militar de la provincia de Entre Ríos, sostuvo la legisladora, quien consideró que “es inexplicable y doloroso que el Estado no haya encontrado en todo este tiempo la forma de resarcir a este grupo de hombres y mujeres que fue perseguido durante el período más infame de nuestra historia”.
“Estamos tan acostumbrados al relato de gobiernos que han tomado para sí las banderas de los derechos humanos que hoy, a 40 años de la recuperación de la democracia, es inverosímil estar planteando situaciones de tal inequidad e injusticia”, afirmó luego.
“No se trata solo de dinero, se trata de dignidad, se trata de repudiar los daños que un Estado en plena manifestación antijurídica, antirrepublicana y autoritaria provocó en sus propios empleados”, expresó Gracia Jaroslavsky.
La diputada radical sostuvo que “el Gobierno provincial, y especialmente el Parlamento entrerriano, ya no puede ya obviar su responsabilidad” y consideró que “no se trata solo de los derechos de las víctimas que reclaman, se trata de una obligación insoslayable de un Estado democrático y republicano que debe asumir de una vez por todas una deuda histórica”.
“Los que estamos aquí hoy tenemos la obligación ya impostergable de reparar lo reparable del tiempo más oscuro de nuestra historia”, concluyó.
