Fuentes inobjetables de la Justicia entrerriana informaron a DIARIOJUNIO que acaban de dar con el paradero de la menor de 17 años, quien acusó -como uno de sus abusadores- a un funcionario de la Justicia concordiense, al que identificó como un asiduo cliente cuando era explotada sexualmente, instigada por un hombre de 70 años, con la supuesta complicidad y/o el silencio de miembros de su grupo familiar.
La menor fue hallada hace momentos luego de que estuviera desaparecida desde el martes pasado, siendo alrededor de las 14:15 horas, según informaron.
La joven estaba alojada en la residencia socioeducativa «La Cigarra» (que está bajo la órbita del COPNAF), de calle Cervantes Nº 361, en la ciudad de Paraná, donde debía estar bajo tutela, contención y vigilancia.
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes había recibido la denuncia de la desaparición de la menor en el día de ayer por parte de la División Minoridad de la Policía de Entre Ríos.
Según pudo conocer DIARIOJUNIO, en el mes de diciembre del año pasado, la menor de 17 años participó de una audiencia virtual realizada en el juzgado de Familia de Belén Esteves. Allí contó que era explotada sexualmente por un hombre de 70 años. La jovencita, que queda a cargo del COPNAF (luego de la medida excepcional dictada por la jueza), afirma -al regresar al hogar- que no dio más detalles pues quien se había presentado (a través del sistema Zoom) como su Defensor Oficial, era en realidad un cliente habitual del lugar donde ella ejercía la prostitución obligada por el septuagenario.
Enterados del episodio, directivos del COPNAF se comunicaron con el Defensor Oficial del STJ, Maximiliano Benítez y este adoptó las medidas de cuidado de la menor, por lo que fue trasladada a la ciudad de Paraná.
Lo que pudo saber DIARIOJUNIO, respecto a este caso, es que según la defensoría, la menor estaba bien allí y no quería regresar a Concordia; que había participado de una cámara Gesell y en ese lugar identificó al Defensor y supuesto victimario. También se realizó una Cámara Gesell con una hermana (más chica en edad) de la víctima y esta habría afirmado que su hermana mentía; sin embargo en la Justicia a la que no le creen es a esa niña, pues aseguran que dice eso para defender a la madre de ambas que, al parecer, era quien la entregaba al proxeneta. La menor también denunció que las citas se concretaban por teléfono.
Hasta ahora el Defensor no ha sido imputado, entre otras razones, porque la denunciante mencionó que iba en una camioneta con determinadas características de color, tamaño y modelo que no se correspondería con el vehículo del supuesto abusador y defensor oficial.
A su vez, la menor afirmó también que esta persona -el acusado- iba en esa camioneta con un hermano de la misma edad. El acusado sí tiene un hermano, pero que casi lo dobla en edad.
Otro elemento probatorio son los teléfonos de los dos acusados, el proxeneta y el Defensor Oficial (este último aseguran que, apenas enterado del episodio en el que se lo involucraba, se puso a disposición de la Justicia y entregó su celular), en los que -según dejaron trascender de las pericias- no se habrían encontrado rastros de intercambios telefónicos entre ambos.
Un alto funcionario -que conoce con profundidad el caso y que pidió hablar en off- había dicho a este medio “Yo creo que la piba dice la verdad, pero se equivocó de persona.”
Tanto Minoridad como el COPNAF debieran brindar ahora urgentes explicaciones por la desaparición de la niña de un lugar donde estaba bajo tutela y, por lo tanto, debía estar protegida, contenida y en observación. Sobre todo teniendo en cuenta lo delicado del caso y la importancia de la denuncia que la menor realizó, involucrando, entre muchos, a un funcionario de la Justicia.
