La decisión se tomó tras un largo debate que se extendió por casi cinco horas y en la que participaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, y los defensores del ex mandatario provincial – quien presenció la audiencia desde Israel vía streaming – Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez y Juan Mendez. “Para dictar un sobreseimiento se requiere un grado de conocimiento de certeza”, expresó Mayer para empezar su argumentación en la que no hizo lugar al pedido de Urribarri.
El ex gobernador y actual embajador argentino en Israel había rechazado cualquier vinculación con el empresario y adujo que cuando se llevaron adelante las acciones para contratar la firma, él estaba en uso de licencia como ministro de Gobierno, porque Jorge Busti, su antecesor, se la había otorgado en el marco de la campaña electoral de 2007.
Para el magistrado, “la trascendencia social de estos hechos, tiene que ver con la credibilidad del Estado de Derecho, de sus funcionarios y del funcionamiento de la administración pública. Hace al pacto social, la íntima relación de los ciudadanos las personas que gobiernan”, apuntó y señaló que “esa certeza se adquiere en un debate contradictorio y los jueces serán los que deben analizar el material y disponer en relación a eso”.
Mayer rechazó el argumento de Urribarri que apuntaba a desligarse al haber estado de licencia cuando se empezó la investigación de los hechos. “El pedido -y otorgamiento- de licencia para nada desnaturaliza el carácter de funcionario. Era ministro de Gobierno, no dejó de ser ministro por estar de licencia. Urribarri tomó licencia pero no dejó de ser ministro”, afirmó.
El juez tampoco aceptó el argumento sobre la intervención de los organismos de control. “Los controles administrativos tienen el carácter de autocontrol, el control externo es el control jurisdiccional”, sostuvo. No es la primera vez que la defensa de Urribarri apela a los organismos de control. La pregunta que cabe es, quizás, para qué sirven esos organismos que no han podido detectar una sola irregularidad.
Sobre la dilatación del proceso, que lleva cuatro años y que la defensa a cargo de Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, cuestionaron, Mayer dijo: “Me pronuncio por que se resuelva lo más pronto posible y que estemos en condición de celebrar la audiencia de remisión a juicio. Entiendo que en tres meses debemos estar en condiciones de celebrar esa audiencia”.
