“Se está trabajando en una prórroga del decreto, lo que no está confirmado es el plazo”, afirmó una fuente oficial a este diario. Se trata del decreto 320, que había sido publicado a fines de marzo del año pasado, luego de establecida la cuarentena. El 30 de septiembre vencía y fue extendido por el decreto 766 hasta el 31 de enero, cuando volverá a prorrogarse por segunda vez.
La medida está siendo analizada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que encabeza Jorge Ferraresi, y la Jefatura de Gabinete, con Santiago Cafiero y Cecilia Todesca Bocco. En la última prorroga, en los considerandos del decreto se explicaba que la medida había sido tomada para evitar el “agravamiento de la problemática respecto de la vivienda”, ante la caída de los ingresos por la merma de la actividad.
Según datos de la Federación de Inquilinos, las familias destinan más del 50 por ciento de los ingresos para el pago de la renta. En la última encuesta realizada en diciembre, un 40 por ciento declaró que no pudo pagar o lo hizo parcialmente. Además, hay un 40,8 por ciento que tiene al menos un mes atrasado. Mientras tanto, en uno de los años con mayor recesión económica, los alquileres subieron 62 por ciento, casi el doble que la inflación, lo que significó el mayor incremento en nueve años, según datos de ZonaProp para la Ciudad de Buenos Aires.
En caso de que se extienda el decreto tal cual está, los inquilinos que no hayan pagado el alquiler no podrán ser desalojados. En los casos que hubiera caído una actualización semestral (como era con la anterior ley de alquileres), los inquilinos podrán decidir pagarla o mantener congelado el valor, y cuando finalice el decreto, pagar lo adeudado en hasta seis cuotas sin intereses. En los casos donde hubiera deudas por falta de pago, será la misma cantidad de cuotas, pero con intereses. El decreto no se aplica sobre los contratos firmados con la nueva ley de alquileres, dado que fue implementada en julio y recién el primer aumento será anual, en julio de este año.
A quienes se les hubiera terminado el contrato en estos meses, se les prorroga automáticamente, con el mismo valor. Los contratos alcanzados por los últimos dos decretos fueron para inmuebles, pero también para habitaciones destinadas a viviendas en pensiones u hoteles. Además, aplicaba para alquileres de inmuebles utilizados por monotributistas, autónomos, pymes, cooperativas y para actividades culturales / comunitarias.
Además, la medida estableció la obligatoriedad de la bancarización para realizar pagos por transferencia, y de ese modo evitar la movilidad y el contacto. De todos modos, también amparaba a los propietarios que dependieran del cobro de ese alquiler para “cubrir sus necesidades básicas”, como es el caso de miles de jubilados. En esos casos se debía acreditar debidamente esa situación.
La extensión del decreto era uno de los reclamos de las asociaciones de inquilinos, que se reunieron con Ferraresi durante sus primeras semanas de gestión. Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, pidió que el plazo de la prórroga sea durante más que un mes: “Mientras que los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas cortoplacistas”, afirmó. De hecho, una de las primeras medidas de Joe Biden en Estados Unidos será mantener suspendidos los desalojos para 40 millones de inquilinos y las ejecuciones hipotecarias.
Alquilar un monoambiente en la Ciudad cuesta en promedio 22 mil pesos, un dos ambientes, 25 mil pesos, y un tres ambientes, 40 mil pesos, Además, las expensas representan un 20 por ciento adicional, según un relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Los valores pueden variar según la antiguedad, la ubicación, entre otras variables. Por otro lado, el 15 por ciento de las ofertas para alquilar se encuentran en dólares.
