Iosper
Gómez sostuvo que desde la FEMER se manifestaron públicamente ofendidos por algunas manifestaciones vertidas desde la obra social para calificar el cobro desmedido de plus para consultas y para intervenciones quirúrgicas.
Gómez explicó que, para operar a una niña, llegó a solicitarse la suma de $ 120.000. En otro caso, por una intervención cardiológica a una afiliada mayor de edad, le solicitaron $ 90.000. “La mujer lo quiere denunciar porque es el mismo medico que la controla”, indicó. A un afiliado municipal, cuya hija debía operarse de las amígdalas, le reclamaron que abonase $ 50.000 con todos los códigos autorizados. “Le mandamos una pantalla donde estaba todo autorizado; la clínica le explicó que estaba todo autorizado pero el médico lo hizo igual ir a su consultorio para decirle que, por las dudas, si por ahí había algún código que el Iosper no le iba a autorizar, él le cobraba $ 50.000”, remarcó.
Las cifras, a las que consideró “siderales”, se las reclamaban además de los importes que reconocía la obra social. El Iosper abonaba los gastos a la obra social pero los médicos solicitan ese dinero en concepto de honorarios. “No se los cobraba la clínica, se los cobraba el médico”, dijo al programa “Tarea Fina” (Radio Ciudadana-FM 89.7).
En esa denuncia pública, desde el Iosper utilizaron la palabra “saqueo”. Gómez dijo que sí esa palabra molestó, pide disculpas. Pero eso no obsta a que seguirán denunciando esa práctica de solicitar dinero en el momento previo a ingresar a un quirófano. “No les están pidiendo $ 500 o $ 1.000. Le piden $ 50.000, en operaciones ya pactadas”, indicó. En esos casos, cuando acuden a una revisión pre operación, les comunican que hubo un código que el Iosper no autorizó y por ello les reclaman $ 20.000. “Tienen que pedir plata los familiares o créditos en una financiera”, indicó.
Pero aclaró que desde el Iosper pidieron mantener una charla con la FEMER y la respuesta fue que solicitaron que en esa charla accedan al pedido de incrementar los honorarios. No pusieron como condiciones que se rectifiquen de las expresiones que habrían molestado a los médicos. Cuando les indicaron que no podían hacer eso, la respuesta fue que se los iban a cobrar a los afiliados en los consultorios.
En ese contexto, Gómez dijo que un sector de la salud quiere tener un aumento del 35 % (ya obtuvo un 20 %) en un año en que los empleados estatales como policías, docentes, administración pública y jubilados, no tuvieron aumentos remunerativos que impliquen una suma extra que se destine a las arcas de la obra social. “Recibieron una suma fija sin aportes a la obra social”, indicó.
Por ello, remarcó que no pueden otorgar ese 15 % extra. “Tenemos los mismo ingresos. La plata ¿De dónde la sacamos? Si el gobierno no pone un peso más”, se preguntó. Además, señaló que los demás prestadores reclamarán lo mismo. Más aun con una situación como la actual, en una provincia que “a duras penas trata de salir adelante con los pagos y las autorizaciones”. Y tampoco pueden restar prestaciones en otros ítems para pagar ese incremento. Y menos aún endeudarse “pateando la pelota para adelante” porque el año que viene se deberá saldar ese compromiso.
De la misma forma, dijo que hay quejas de que se paga con retraso y cobran un adicional. Pero cuando la obra social le paga la demora, Gómez se preguntó si el médico le devolvía el plus. “No lo devuelve”, remarcó. De igual modo, dijo que si fuese como una tasa de interés, debería ser del 10 % sobre una orden cuyo valor ronda los $ 600. Por ende, deberían solicitar $ 60. Pero les cobran $ 250, $ 300, $ 500 o hasta $ 1.000.
Osplad
En 1993, los docentes activos, al igual que las escuelas, fueron transferidos desde la Nación a la Provincia. La obra social a la que estaban adheridos era Osplad. Por ello, no ingresaron al Iosper. “Ese es el problema, somos jubilados provinciales con una obra social nacional. Desde Nacion no se hacen cargo porque dicen que somos jubilados provinciales. Y desde la provincia no se hacen cargo porque dicen que es una obra social nacional”, señaló. “Estamos en el aire”, dijo.
En Entre Ríos hay 11.000 afiliados a Osplad. Pero docentes son la mitad dado que en 20212 se abrió la obra social a monotributistas y empleadas del servicio doméstico. Pérez dijo que los monotributistas pueden cambiar de obra social una vez al año pero los 3.500 docentes jubilados afiliados a Osplad –quienes deben aportar $ 3.000 por mes a la obra social- no pueden. Además ninguna obra social los acepta.”No tenemos posibilidad de irnos a otro lado”, dijo.
Pérez recordó que en octubre de 2019 comenzaron los problemas en la provincia con Osplad. Comenzaron con un corte en las internaciones pero luego siguieron con otras interrupciones en las prestaciones de la obra social. “Llegó a un momento en que no teníamos internación ni farmacia: no teníamos absolutamente nada”, dijo.
Osplad ingresó en convocatoria de acreedores en ese momento y se mantiene en esa situación. “Autorizan algunas cosas y otras no”, remarcó. Por ejemplo, remarcó que en Entre Ríos, los sanatorios están nucleados en ACLER (Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos). Pero la obra social logró hacer convenios con la Cámara de Sanatorios de Concordia. Por ende, hay localidades donde el único efector privado, como Chajarí, está enrolado en ACLER. Por ende, no los afiliados tienen atención en algunas localidades.
Algo similar sucede con las farmacias. Hay dos entidades madres que los agrupan. Pérez remarcó que Osplad logró hacer un convenio con una de ellas y no con la otra. “Ese es el problema; van haciendo arreglos parciales”, dijo. “Por eso, en algunos lugares de la provincia tienen servicios y otros no”, añadió.
En Concordia hay afiliados que tienen descuentos de entre el 40 % y el 60 % en farmacias por enfermedades crónicas. Pero la jubilada dijo que hay farmacias gremiales donde no los atienden. Y de ello responsabilizó a los gremios docentes Agmer y Amet que tienen delegados que perciben salarios pero no les dan ninguna respuesta.
Respecto a los sanatorios, Pérez dijo que hace 10 días le pidieron a un afiliado a Osplad en el Sanatorio Garat un depósito de $ 10.000 para internarlo hasta que llegue la autorización de la obra social. Pero cuando llegó, le reintegraron el dinero. No obstante, se preguntó de dónde sacan al dinero en medio de una urgencia. Y se pueden encontrar en esa situación luego de haber aportado 30 años.
Para Pérez, el problema no radica en el prestador sino en los incumplimientos de la obra social que los lleva a esa situación. Y sostuvo que, al menos, nunca se interrumpió en los sanatorios la atención a los afiliados en Concordia.
El 5 de noviembre pasado, los afiliados hicieron una movilización y llegaron a entregar un petitorio al intendente Alfredo Francolini y al titular de Concejo Deliberante, Daniel Cedro, para que se lo envíe al gobernador Gustavo Bordet..“Llamaron a los medios para mostrar que nos recibían a nosotros y se comprometieron a un montón de cosas pero no hemos visto nada”, señaló. En el caso del mandatario provincial, sostuvo que el enviaron un montón de notas y cartas pero nunca les contestó ninguna. También intentaron dialogar con el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, pero no tuvieron suerte. “En el caso de los 3.500 jubilados existe una familia por detrás. Son votos y un voto te puede definir una elección. Pero pensarán o estarán muy seguros de que contarán con el voto de la gente para la elecciones del año que viene”, sostuvo.
No obstante, Pérez dijo que es difícil que vuelvan a salir a la calle con altas temperaturas como las de diciembre. Y además que se trata de personas mayores, muchos correspondientes a los grupos de riesgo, que al salir arriesgan la salud, en una ciudad con transmisión comunitaria de Covid 19.
Informe: Guillermo Coduri
