La denuncia penal fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata e incluye un pedido de citación a indagatoria al ex presidente Macri “en su calidad de responsable” de fijar la política de inteligencia. También se pidió que se llame a los entonces responsables del organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sobre quienes también pesan denuncias por espionaje ilegal que tramitan en el Juzgado de Lomas de Zamora.
“La Agencia no tenía, y menos aún hoy tiene, competencias para realizar este tipo de tareas”, puntualizó Caamaño en el texto, que precisa que el hallazgo se produjo luego de que la intervención diera con soportes digitales encontrados en la Delegación Mar del Plata de la AFI producto de “un requerimiento judicial realizado por Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores” a cargo de Alejo Ramos Padilla, que investiga el esquema de espionaje ilegal desatado por el gobierno de Juntos por el Cambio con sectores de la prensa y el Poder Judicial.
Las pruebas del espionaje a los familiares del ARA San Juan
El material hallado en tres discos rígidos da cuenta de “seguimientos sistemáticos y fotografías” tomadas entre enero y junio de 2018, mientras los familiares de los 44 tripulantes fallecidos reclamaban al gobierno macrista que intensifique la búsqueda del submarino que había desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y que fue encontrado un año después, por una empresa privada.
La denuncia indica que parte de las tareas de espionaje fueron hechas frente a la Base Naval de Mar del Plata y durante movilizaciones como las que se realizaron en el Consejo Deliberante de esa ciudad y el monumento al general San Martín local. Hay información tanto del grupo como de los referentes y voceros de los familiares.
El material demuestra que la AFI hizo “producción de inteligencia ilegal” sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, “por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento”, agrega el escrito.
“Queda claro que los familiares de las víctimas no pertenecen a grupos terroristas” ni de “criminalidad organizada, y menos aún que las tareas de inteligencia llevadas a cabo cuentan con algún tipo de venia jurisdiccional”, añade.
El texto puntualiza que las tareas de inteligencia no fueron “ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado” sino que “fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”. Por este motivo, se pidió también la indagatoria del jefe de la Delegación Mar del Plata de entonces y del ex director de Reunión Interior, cuyos nombres no fueron divulgados para no transgredir la legislación sobre miembros de la AFI.
Familiares: “En vez de ocupar su tiempo y presupuesto en buscarlos, lo gastaron marcándonos»
Los familiares de los tripulantes desaparecidos del ARA San Juan expresaron que la denuncia presentada esta mañana por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, los “horrorizó”, pero recordaron que habían advertido en más de una oportunidad la situación y que en ese momento los «trataron de locos». Reclamaron que para determinar la responsabilidad de los hechos se juzgue al expresidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad.
Los familiares de las víctimas también consideraron que el espionaje ilegal desatado en su contra por el gobierno de Mauricio Macri no solo confirma el modus operandi “perverso” con que actuó la administración de Juntos por el Cambio en ese caso, sino que también comprueba “que nunca se quiso rescatar” a los 44 tripulantes.
“Esto me deja claro que desde el gobierno que se fue nunca se quiso rescatar (a los tripulantes), porque en vez de ocupar su tiempo y presupuesto en buscarlos, lo gastaron marcándonos a nosotros como si fuéramos un peligro latente”, criticó Isabel Polo, hermana del cabo primero de la Armada Daniel Alejandro Polo, una de las víctimas.
En 2018, un grupo encabezado por el abogado Luis Tagliapietra, padre de otra de las 44 víctimas, había denunciado presuntas tareas de espionaje ante la Fiscalía Federal de Caleta Olivia. Polo contó que ella y varios familiares siempre tuvieron “sospechas” de que sus teléfonos habían sido “pinchados” y “jaqueados”, y que así lo habían narrado ante la Justicia.
Es más, recordó que el hecho había sido denunciado públicamente el 16 de abril de 2018 en la reunión de la Bicameral del Congreso. “Se lo dijimos a (el ex ministro de Defensa Oscar) Aguad y él nos respondió que si hacíamos la denuncia formal, nos iba a acompañar. Todavía lo estamos esperando”, añadió Isabel.
Tagliapietra también recordó cómo fueron esos hechos: “Fue muy grotesco y yo me di cuenta inmediatamente. Otros familiares me decían que les aparecían mensajes de WhatsApp como leídos cuando no los habían abierto”. A Isabel, en tanto, su teléfono se le reinició más de una vez y en cada una “perdió contactos con legisladores y fotos y capturas de pantalla” que había hecho.
“Cuando lo decíamos nosotros, nos trataban de ‘locos’ y decían que ‘alucinábamos’ cosas. Por suerte hoy se demostró que todo lo que dijimos era verdad”, recalcó.
Tanto ella como Tagliapietra reconocieron que la denuncia presentada esta mañana por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, los “horrorizó”. “Esto es perverso”, sostuvo el abogado durante una entrevista por Radio 10. “Nos seguían, nos fotografiaban”, dijo y añadió que para determinar la responsabilidad de esos hechos “hay que empezar por el expresidente Macri, y el ex ministro Aguad”.
No obstante, ambos familiares de víctimas admitieron que no se percataron del espionaje durante las movilizaciones en la ciudad de Mar del Plata, tal como lo narra la denuncia que la AFI presentó ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata, a cargo de Daniel Adler. Pero remarcaron que sí se dieron cuenta de que fueron espiados cuando hicieron el acampe en la Plaza de Mayo, durante 2019.
“Tenemos fotos de nosotros en ese acampe en momentos en que la policía nos intimidaba y personas de civil miraban desde lejos. Esas mismas personas aparecen en distintos días y en distintos puntos de la plaza, mirándonos”, describió Polo.
Tagliapietra, por su parte, aseguró que el próximo 29 de octubre habrá una audiencia ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y que allí insistirá con la denuncia que había hecho hace dos años.
