La “selección” de candidatos a jueces se armaba , al margen del mecanismo institucional, en una “Comisión” que trabajaba en las sombras.
Que conformaban, entre otros Juan Bautista Mahiques , representante del Presidente en el Consejo de la Magistratura , su asesor Pablo Garcilazo y el jefe de ellos el verdadero “monje negro”, operador en las causas judiciales, ex presidente de Boca Juniors , Daniel Angelici.
Ya es un secreto a voces la forma como operaban: juntaban varios concursos-7 u 8- y los hacían todos juntos (es dudoso si no violaban la ley).
Se ingeniaban para que sus “candidatos”, (en algunos casos gente de los “servicios”) salieron “colocados”, aunque fuera en el último lugar.
Y después le mandaban esos nombres al Presidente, pasándose de corbata a los aspirantes y aspirantas, que habían rendido y obtenido los mejores puntajes.
No hay más que ver los casos de los tres jueces federales propuestos para Entre Ríos, donde , en ningún caso se respetó el orden de lista.
Eso, para no hablar del escándalo de la utilización de los “servicios” para armar causas judiciales, así como los controvertidos “traslados” de jueces.
Hay que resaltar que en el listado de diez, que ahora revisa el Consejo de la Magistratura la mayoría de traslados se hicieron en el gobierno de Macri, pero algunos tambien de Duhalde y de los Kirchner.
Es decir, que nadie acá está “libre de pecado”.
¿REFORMA OPORTUNA?
Pero, dejando sentada la evidente falta de autoridad moral de algunos para efectuar cuestionamientos de ninguna especie, vamos a lo que interesa:
Estamos en una crisis: este flagelo de la pandemia que amenaza vida y salud de tantos.
Y, sus consecuencias económicas y sociales.
No hay que buscar muchas estadísticas pero ya se sabe que cerca del 40% de la población ronda debajo de la línea de pobreza.
Y serán más cuando termine esta pesadilla: es decir, uno de cada dos argentinos será pobre.
En momentos que todos los esfuerzos del Estado y la comunidad debieran concentrarse en combatir el flagelo, o, por lo menos atenuar sus consecuencias, cuando el ministro Guzmán pelea a brazo partido con los acreedores, buitres o no ¿tiene justificación, o por lo menos prioridad, avanzar en un ambicioso plan de “reforma de la justicia federal”, que implica nombrar cerca de una cantidad de jueces y fiscales más de los que ya existen?
Y sabemos que los sueldos de estos no son “verdurita”.
Además, hay que proveerlos de toda una estructura: oficinas, despachos, útiles y equipos informáticos y nombrarles una cantidad de personal que, según cálculos, ronda las doscientas personas.
Eso en momentos que el dirigente gremial de los judiciales, Piumato se queja de que el 80% de los edificios de Tribunales es obsoleto e inseguro, y si estuvieran en la órbita privada ya los habrían clausurado
¿se justifica semejante dispendio de esfuerzos y recursos en momentos dramáticos, de extrema necesidad, como los que estamos viviendo?
HACER LA CORTE
El tema del número de miembros de la Corte Suprema puede discutirse: personalmente me pronuncio plenamente de acuerdo con Cristina Fernàndez de Kirchner.
Pero ojo, con la senadora que impulsó el sensato proyecto-ley 26.183/06- que volvió al número histórico de cinco.
Que, según dijo ella misma, rigió durante 98 años (hay que leer el debate, yo aplaudo todo el discurso de la Cristina de entonces)
También concuerdo con el Dr. Alberto Fernández, por entonces jefe de gabinete, que lo respaldó plenamente, ¿por qué quieren el ahora Sr. Presidente y vicepresidenta, volver para atrás de algo, que fue de lo mejor que hicieron cuando les tocó gobernar en un turno anterior? (de paso recordemos que en el gobierno de los Kirchner se nombraron en la Corte juristas de prestigio, más allá que coincidamos o no con las opiniones de los propuestos. Y que actuaron con aceptable independencia, en varios fallos contra el gobierno)
Dice el Sr. Presidente que “la Corte asì no funciona”.
No es verdad, funciona: más allá que gusten o no sus fallos el año 2019 se resolvieron cuatro veces más causas que en el año anterior.
Y funcionaría mejor si se adoptara el sistema norteamericano del “certiorari”. Es decir, la posibilidad de la Corte de “elegir” las causas verdaderamente importantes desde el punto de vista institucional , y desechar el resto por falta de “interés”.
Al margen, y màs allá de la indiscutible capacidad de los integrantes de la Comisión asesora. si se pone entre ellos a quienes actúan como abogados defensores de funcionarios públicos , incluida la Sra, vicepresidenta ¿Cómo esperar que la gente no desconfíe?. Ya desde la época de los romanos se decía que no sólo hay que ser honesto, sino parecerlo…
¿REFORMA SÍ O NO?
La pregunta surge ¿hay que reformar la justicia o no?
Al margen de la evidente inoportunidad de plantear tal proyecto en plena crisis, la respuesta es un rotundo SI.
Porque a nadie le satisface una Justicia donde las causas se eternizan, o los jueces fallen en consonancia como soplen los vientos políticos.
-A mí no me gusta Lázaro Báez. Pero le sobra razón que si pasa cuatro años preso y no le dictan sentencia hay que ponerlo en libertad.
-Un legislador del PRO, en un rapto de sinceramiento, dijo que , si el sabía que a De Vido habrían de encerrarlo también por largo tiempo sin decidir si es culpable o no, él no hubiera votado nunca el desafuero.
-¿Canicoba Corral,- juez de la “servilleta”, sospechado por enriquecimiento ilícito- recién a pocos días de jubilarse, se da cuenta que dos ministros de Macri habrìan cometido irregularidades y los manda procesar?
Una Justicia así, es poco creíble, falta de legitimidad, no sirve.
¿que habría que cambiar?
Mucho, y excede los márgenes de esta nota
-Por empezar un Consejo de la Magistratura donde se limitara o directamente se eliminara la presencia política.
Un procedimiento adecuado a seleccionar jueces y juezas idóneos, de acuerdo a su capacidad y condiciones y no sus compromisos con el poder.
-Una reforma de los tiempos procesales, limitando recursos y chicanas que hacen interminables las causas.
– Dotar a los jueces y fiscales que investigan hechos de corrupción de estructura de peritos y de medios adecuados para actuar con eficacia y rapidez.
– Establecer por ley severas penas a quienes presionen o interpongan “influencias” ante magistrados judiciales.
Las reformas en la Justicia debieran ser consensuadas, como una cuestión de estado evitando que, como ha ocurrido, se las interprete como una cuestión coyuntural para favorecer una persona o una determinada parcialidad política.
“SERAS LO QUE DEBAS SER”
“La imparcial administración de justicia es el cumplimiento de los principales pactos que los hombres forman al entrar en sociedad”. “El que dicta la ley y el que la ejecuta pueden, ciertamente cometer grandes abusos. Más ninguno de los tres poderes que presiden la organización social es capaz de encausar el número de miserias con que los encargados de la autoridad judicial afligen a los pueblos cuando frustran el objeto de su institución”.
Es decir: ni el Legislativo , ni el Ejecutivo pueden causar tanto daño como pueden llegar a hacerlo los jueces que no actúan como les corresponde.
Esto no lo escribió un abogado sino un militar, un hombre de armas.
No un militar dictador, sino un Libertador: el general don José de San Martín.
Sería bueno que en este agosto que se van a cumplir 170 años de su fallecimiento , en vez de tanta ofrenda floral, nos acordemos de las sabias premoniciones del Gran Capitán.-
