Mala praxis: la muerte de una nena de 12 años
Sobre la mala praxis, Arizabalo resaltó la importancia en torno a la fecha- 8, 9 y 10 de diciembre del 2013, plenos saqueos – y la gravedad del cuadro de la menor. “La nena llega desde Federación a Pediatría buscando directamente un medico hematólogo para hacerle un análisis de sangre por un cuadro de glóbulos blancos bajos, nunca hizo guardia ni trajo un historial médico. Había sido mal medicada allá durante tres días y con un diagnóstico erróneo. Todo eso enmascaró su cuadro real”, explicó. “Apenas le toqué el abdomen supe que era Peritonitis, llamé al cirujano para operarla y no podía salir de su casa porque tenía barricadas en la puerta, saqueos y policías alrededor. Llamo al Masvernat y el cirujano en turno no encontraba a la anestesista por el mismo motivo. La derivo entonces a Paraná, pero las estaciones de servicios estaban cerradas y la ambulancia no podía cargar gasoil. Finalmente, cuando llegó a Paraná la operaron pero ya era muy tarde”, resumió. “Todo paso en menos de 24 hs. El mismo día de los saqueos y la ciudad era un caos. Fue una mala praxis en general surgida por una seguidilla de hechos terribles que hicieron que las cosas resultaran así”
El accionar de los abogados defensores
Pero el director de Pediatría no sólo considera injusta su imputación en la causa y la de la institución, sino que asegura además que hubo “una serie de irregularidades” por parte del equipo de Abogados defensores de la empresa, el Estudio Arigos, quienes aceptaron el fallo condenatorio en primer instancia sin apelar, imposibilitando de esa manera que el juicio continúe. “Uno no entiende de esas cosas y deja todo en manos de quienes te representan”, señaló. “Me enteré este viernes del embargo y todo fue raro. Primero, inhiben una parte del ingreso, después los documentos desaparecen, se pierden o no sé y vuelven a aparecer días después diciendo que embargaban todo”, contó. «Además me llamó la atención también el hecho de que el abogado defensor y el querellante, son primos hermanos. No sé, yo nunca conocí, y por lo que consulté nadie conoció jamás, que la defensa acepte una condena de tal magnitud en primer instancia, que no se apele el fallo, nada. Se hace la causa, se condena, y aceptan. Punto, concluyó.
El embargo
En definitiva, Arizabalo advirtió que es imposible hacerse cargo de semejante importe y explicó que el objetivo, con su actual abogado, Martin Jauregui, es pedir ayuda al Superior Gobierno de la Provincia – corresponsable en la causa por Mala Práxis como representantes del sistema de salud Público – para que ayude en el pago. “Si eso no ocurre, no me quedará otra que cerrar”, afirmó. “Hace mucho tiempo que el Instituto acarrea una enorme crisis económica y con el tema de la pandemia por supuesto que empeoró: de 50 personas que entraban ahora son dos y el dinero que ingresaba era para pagar sueldos e insumos. Pero ahora que están las cuentas inhibidas, todo lo que entra se va en el embargo”, sostuvo. “Esto no sólo afecta por supuesto a los 25 empleados y sus familias que trabajan en el Instituto, sino, al sistema de salud en general en plena Pandemia. El Instituto de Pediatría es regional y ya sabemos que si el Coronavirus llegara a complicarse acá, todos los casos positivos van a ir al hospital y el resto de las atenciones a los lugares privados. Pero sin ayuda, nosotros no vamos a estar porque caemos en bancarrota”, concluyó.
Martín Jáuregui, abogado defensor: ´Una situación de injusticia total´
En diálogo con DIARIOJUNIO, el actual abogado del Dr Arizabalo, Martín Jáuregui, afirmó que intervino en la causa a pedido del profesional de la salud por un juicio iniciado a raíz del hecho ocurrido en al año 2013, con sentencia recaída en primer instancia en sede civil del Juzgado Civil y Comercial N° 4 en el mes de abril y en el que, más allá de la condena, que es por un monto importante respecto a la vida humana de una menor de 12 años y en beneficio de sus padres, la justicia responsabiliza solidariamente en la sentencia al Superior Gobierno de la provincia, al Dr Marcelo Vera, al Instituto de Pediatría y a su director, como así también los hace solidariamente responsables a las compañías de Seguros vigente por pólizas en aquel momento.
“El problema que nosotros tenemos desde el punto de vista jurídico es que el anterior abogado del Dr Arizabalo no interpuso ningún recurso y el estudio jurídico que patrocinó al Instituto de Pediatría, sí lo interpuso pero no lo pudo fundamentar en tiempo y forma“, explicó Jauregui, y agregó. “Esta omisión grave en la que incurrieron hizo que la condena se torne firme respecto del instituto y no puedan discutirse los agravios que existen y que son muchos, en la Cámara Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay”.
Según el defensor, este cuadro de situación hace que la sentencia se haga exigible. Además, pesa un embargo sobre las cuentas bancarias de la institución, lo que hace inviable la persecución de las operaciones normales del Pediatría y también del pago de sueldos a sus empleados. “Esto, en el marco de pandemia que se vive, sumado al motivo por el que en aquel momento no se pudo atender a la nena, que también fue a raíz de una fuerza mayor porque fue el mismo día del levantamiento policial en diciembre del 2013, provoca una situación de injusticia total que, si bien desde el punto jurídico es responsabilidad de los propios abogado del instituto, desde el punto de vista de la salud publica requiere una inmediata intervención del Ministerio de Salud y del Gobierno de la provincia de Entre Ríos”, subrayó.
“Y esto es lo que estamos tratando de articular ahora, al tiempo que analizamos también qué solución nos pueden dar desde las compañías de seguro actual, porque de lo contrario la semana venidera el Instituto de Pediatría no podrá pagar los sueldos ni seguir operando en la región como lo hace desde hace cuarenta años”, concluyó .
