El material del secuestro, presentado en conjunto, puede parecer importante, pero carece de contundencia cuando se lo divide por la cantidad de detenidos y el personal policial desplegado: 0.52 partes de un cebollín de cocaína por detenido, 0.91 partes de un arma por detenido, 38667 pesos por detenido, 0.52 partes de un vehículo por detenido y -tal vez sí, el dato más impactante- 3.7 celulares por detenido. Un resultado escueto para tamaño operativo y 7 meses de investigación.
Por lo que no dejaría de tratarse -en muchos de los casos- de delitos menores y que la jurisprudencia desestimaría como causales de prisión efectiva.
Lo que de manera efectiva -y pronta- se activó fue el “Mega Operativo Escrache” en redes sociales y grupos de WhatsApp, con la difusión de fotos –posiblemente facilitadas por personal policial de baja catadura ética- de las mujeres detenidas, constituyendo así una violación contra el derecho a la identidad, el principio de inocencia y la legítima defensa, dado que -con la difusión de las imágenes- se estaría dando por culpables a personas a las que todavía no se les ha demostrado la culpabilidad en un proceso judicial. Más allá del devenir, las caras de esas personas quedarán para siempre relacionadas con la comisión de delitos o la complicidad con los mismos.
Llama la atención que la investigación estuviera a cargo de los fiscales Francisco Azcué y José Arias: El primero – según fuentes judiciales- tendría una marcada postura reñida con el peronismo; de hecho, fue pública su militancia en las filas de la coalición PRO, previa a ser designado fiscal. En tanto que Arias tiene varias causas y un público enfrentamiento contra algunos referentes importantes del pejotismo local y fue duramente cuestionado por senadores del oficialismo y de la oposición en oportunidad de aprobarse su pliego como fiscal en el año 2019.
La investigación gira sobre una presunta asociación ilícita que organizaba robos y otros delitos mayores como la venta de armas y drogas.
Los datos del “Mega operativo” fueron divulgados en una conferencia de prensa de la que participaron el fiscal de la causa, Francisco Azcué; el coordinador de ministerio público fiscal, José Costa; el Jefe de policías de la Departamental Concordia, José Cancio; el encargado de la División de Delitos Rurales, Luis Duarte y el Jefe de Investigaciones, Javier Ramírez.
En dicha conferencia de prensa detallaron precisiones sobre lo secuestrado: 8 armas largas, 6 revólveres, 7 pistolas (dos reglamentarias), más de 300 Cartuchos de distintos calibres y cargadores, 889.350 Pesos, 10 automóviles y 3 motos, 85 celulares y, lo que en apariencia dista de ser un golpe al narcotráfico, 13 bochitas de cocaína y una cantidad indeterminada – el número preciso no se dio a conocer- de plantines de cannabis (Marihuana).
El accionar de la fiscalía podría dejar en evidencia algo que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón señaló, a fines del año pasado, cuando planteó la necesidad de cambios con motivo de asegurar el derecho de los imputados y afirmó que, en la actualidad, “no se garantizan los derechos del imputado en el proceso, y se debe generar una discusión para fortalecer las garantías y la defensa”.
En aquella oportunidad – y con motivo de la inauguración de las Jornadas “A 10 años del Nuevo Sistema Penal en Entre Ríos”-, Castrillón sostuvo que, a su entender, debería abrirse el debate sobre la necesidad de formular cambios en el sistema penal vigente en la provincia y lograr cumplir con la premisa de asegurar el derecho de los imputados. El magistrado dijo que las observaciones que formulaba eran debidas “a que actualmente no se garantizan los derechos del imputado en el proceso, y se debe generar una discusión para fortalecer las garantías y la defensa”. Asimismo destacó que -en la provincia- la Procuración está empoderada y dijo querer lo mismo para la Defensa.
