DECLARA su apoyo y adhesión a la iniciativa para establecer un Impuesto Único y Extraordinario a las grandes fortunas del país, que impulsa el bloque de Legisladores del Frente de Todos en el Congreso Nacional, en el marco de la crisis sanitaria y económica mundial causada por el COVID-19.
Como representantes institucionales del Pueblo entrerriano y dirigentes políticos de diferentes fuerzas con alcance provincial y nacional, manifestamos nuestra total convicción de que las sociedades modernas y sus economías sólo progresan realmente cuando dan pasos concretos hacia mayores niveles de igualdad y equidad entre sus habitantes.
Por este motivo, es que reconocemos la importancia de que los aportes que todos esos habitantes deben hacer para el sostenimiento de los bienes y servicios públicos esenciales deben ser establecidos según la lógica de la Capacidad Contributiva, aportando en mayor cantidad quienes se encuentran en mejores condiciones de hacerlo.
Nos manifestamos a favor de un proceso amplio de reforma en el sistema tributario que refuerce de progresividad del mismo. Por ello, atendiendo a la situación histórica de emergencia sanitaria internacional que atravesamos, causante de inmensas pérdidas en todas las economías del mundo, consideramos como un paso correcto y necesario que los costos que implican el sostenimiento de la lucha contra el COVID-19, y la posterior recuperación, sean afrontados en mayor medida por quienes disponen de las mayores riquezas del país, a través de un Impuesto Extraordinario de Emergencia, coparticipable, como modo de promover, mayor equidad y justicia a la lucha colectiva nacional y federal.
FUNDAMENTOS
La política fiscal es una de las herramientas más idóneas y específicas de que disponen los Estados Modernos para intervenir en la economía, buscando cumplir los fines que le son inherentes, fines que deben ser determinados por el pueblo soberano, a través de elecciones periódicas.
A contrario de lo que plantean los defensores de los grandes poderes económicos, y muchos sectores sociales no ricos que les creen, los países más desarrollados y con mejores niveles de vida tienen altos niveles de intervención del Estado en la economía, con porcentajes de participación en el PBI que superan el 40%. Para tener estos niveles importantes de inversión pública es imprescindible para el Gobierno obtener suficientes recursos, los cuales provienen en su absoluta mayoría del sistema tributario.
Es decir, un nivel de gasto público importante requiere de un alto nivel de recaudación, esto suena bastante obvio. Lo que sí es mucho más discutible es quiénes deben ser los sectores que soportan en mayor medida el peso de esos aportes destinados al sostenimiento de servicios y bienes colectivos básicos.
Los más importantes y creíbles expertos económicos del mundo, y la propia historia, demuestran constantemente que la concentración de la riqueza es sumamente perjudicial, no solo para la subsistencia de los más pobres, sino también para un funcionamiento eficiente del propio sistema capitalista, y para el crecimiento de la economía toda. Y principal instrumento para lograr combatir esa concentración económica y distribuir la riqueza es el sistema tributario, siempre y cuando el mismo cobre más impuestos a los más ricos, y no al revés. Allí estriba la denominada justicia tributaria.
El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sostiene firmemente que “…hacer que el sistema tributario sea más progresivo no solo reduce la desigualdad, sino que también estimula la economía. La economía del goteo hacia arriba puede funcionar, incluso cuando la economía de goteo hacia abajo no funciona.”
Son muchos los académicos internacionales con experiencia en la gestión quienes están, por estos días de crisis internacional, reforzando los argumentos en favor del establecimiento de impuestos a las grandes riquezas nacionales, no solo en forma única o excepcional, sino como requisito permanente para que las economías funcionen mucho mejor, además de reducir el desempleo, la desigualdad, la pobreza y la cohesión social.
Pero no solamente el sector académico reconoce actualmente la necesidad de introducir modificaciones a los sistemas tributarios. Desde la Primer Ministra de Alemania, hasta medios de comunicación financiera conservadores como el Financial Times, pasando por los propios organismos multinacionales de crédito como el FMI, recomienda incrementar los impuestos a los grandes patrimonios como vía para combatir el colapso económico mundial al tiempo que alientan una participación más intensa del Estado de manera de revertir el avance de un ciclo evidentemente recesivo. Claramente los destinatarios de las mayores cargas recomendadas son los ganadores de la concentración económica y la desregulación financiera. Inclusive un grupo de los mayores multimillonarios norteamericanos ha formado una agrupación “patriótica” que demanda a su gobierno que le ¡cobren impuestos más altos!
El proyecto de establecimiento de un impuesto único y extraordinario a las grandes fortunas del país, que impulsa el bloque de Legisladores del Frente de Todos en el Congreso Nacional, significa una medida justa y extraordinaria para la resolución de la gran crisis que afecta a nuestra salud y nuestra economía, al tiempo que pone sobre la agenda pública la importantísima disputa política sobre el tipo de sociedad que queremos atendiendo a las cargas diferenciadas que cada sector social debe realizar.
Las crisis recrudecen las desigualdades y nuestra economía, sumida en uno de los endeudamientos externos más acelerados del que se tenga memoria (89% del PIB a fines de 2019), se encuentra en serias dificultades para implementar políticas públicas que reviertan esa situación. El Coronavirus y el aislamiento preventivo que lo combate afectan a casi todos los actores económicos en general, pero claramente afectan más a los sectores más humildes, y a muchos sectores medios que finalizaron el breve pero desastroso ciclo macrista castigados por la recesión económica y falta de oportunidades. Los primeros con cada día sin trabajar ven peligrar su subsistencia diaria, los segundos, aún si pueden mantener a sus familias temporalmente, ven sus negocios y pequeñas empresas perder todo por lo que han luchado muchísimos años. Pero las 12.000 personas más ricas del país no pasan por esas incertidumbres ni serán menos ricos si se establece un impuesto por única vez que alcance sólo al un mínimo porcentaje de sus inmensos patrimonios.
Es tan comprensible la justicia de una medida como la que se propone adoptar, que la única defensa que esgrimen los voceros de los sectores ultra ricos es la de sospechar que el impuesto se transforme en permanente, en vez de ser aplicado solo en la emergencia. En realidad, deberíamos trabajar para que dicho impuesto sea permanente, ya que, como se ha demostrado suficientemente, el nivel de inversión no se relaciona con la mayor o menor ganancia de los ricos, sino con el sentido de la oportunidad y la expectativa de ganancias que ellos tengan.
En la mayor parte de los países las elevadas ganancias de unos pocos vienen aparejadas al estancamiento económico. Cuanto mayor es la parte del ingreso global que recibe el 10 por ciento que gana más, menor es la tasa de crecimiento y la tasa de empleo, lo que significa que la injusticia en la distribución del ingreso, el enriquecimiento de una minoría, como lo señala Piketty, no es un peldaño hacia el crecimiento económico. De hecho estamos asistiendo en estos días a una nueva muestra de esta situación, cuando podemos conocer que una parte muy minoritaria de la población más rica y de las empresas más grandes y poderosas del país fue responsable de la mayor proporción de la colosal fuga de divisas que se generó en los últimos años, posibilitada por la gestión de Cambiemos. Son a estos mismos poderes económicos, y no a otras personas, a quienes se intenta gravar ahora con este impuesto extraordinario.
El impuesto especial a la riqueza, ya sea extraordinario o como opción permanente para mejorar los sistemas económicos, está siendo analizado en una gran cantidad de países del mundo, desarrollados y en vías de serlo. Entre las iniciativas más destacadas de otros países pueden mencionarse la propuesta del gobierno ruso de un impuesto del 15% a los dividendos en las cuentas extranjeras y un impuesto del 13% a los depósitos bancarios de más de un millón de rublos. En España la fuerza política Unidas Podemos, integrante de la coalición de gobierno ha presentado la propuesta de creación de un “impuesto de solidaridad temporal” a las grandes rentas o los grandes patrimonios. En Brasil la oposición ha presentado un proyecto un impuesto para gravar con el 2,5% el valor de los activos que superen los 50 millones de Reales.
El principio de progresividad del sistema tributario, tan defendido como no aplicado, ha visto reducida su presencia en la estructura impositiva argentina. Es el caso, por ejemplo, de la pérdida de peso que ha tenido durante la gestión de Cambiemos, el impuesto a los bienes personales.
El tributo con más progresividad hoy en Argentina es el Impuesto a las Ganancias, pero su alícuota máxima llega solo al 35 %, mientras que en Alemania, para aquellos contribuyentes que más ganan, alcanza al 45%, y eso diferencia la situación de un gerente de una empresa, por ejemplo, con la de un multimillonario. A la vez, la mayor recaudación de ese mismo impuesto a las Ganancias la aportan los asalariados. Esto genera también que los sectores medios sientan que el sistema es injusto con ellos, ya que no solo ven que el sector informal les carga sus espaldas, sino que también los ricos les burlan desde lo más alto de la pirámide.
En las luchas independentistas, nuestros máximos próceres nacionales, San Martín y Belgrano, entre otros, en momentos históricos y críticos, vieron con claridad que el aporte en una sociedad que se pretenda patriota debía ser compartido. Y por ello para sus gestas reclamaron con toda la autoridad que poseían los recursos de los más adinerados. Al contrario, los liberales que lanzaron la Campaña al ¿Desierto? no hicieron más que repartir la inmensa región pampeana entre la oligarquía conservadora porteña.
El resultado en el primer caso fue la independencia nacional. En el segundo, la concentración económica más atroz, que nos marcó y nos marca aún hoy.
En este otro momento histórico, elijamos el modelo que queremos para nuestro país.
