Cerca de las 10 de la mañana, los abogados se concentraron en las puertas de la seccional Concordia del Colegio de Abogados. Luego de firmar un petitorio que iban a entregar a la superintendencia del STJ en Concordia, se dirigieron a la municipalidad. “Queremos que la sociedad vea que es parte de esto porque la sociedad tiene problemas: necesita la indemnización. La cuota alimentaria, que no le están pagando. Es mentira, el Banco Entre Ríos no está funcionando; no están haciendo los pagos como corresponde. La gente viene y nos reclaman el por qué no avanzan los estudios. Y no avanzan porque los Tribunales están cerrados”, indicó el presidente de la seccional Concordia del Colegio de Abogados, Diego Cabrera, a Radio Ciudadana (FM 89.7)
Cabrera señaló que el STJ sigue la línea que impuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Ellos tienen transmisión comunitaria y nosotros en Entre Ríos tenemos 29 casos. En Concordia tenemos dos de los cuales uno ya se recuperó”, indicó.
“Queremos la reapertura porque hay colegas que están pasándola muy mal. Hay colegas que ni siquiera pueden llevar la comida a sus hogares. Me pareció desafortunado el comentario del Superior Tribunal que habla de los montos monstruosos que pagaron desde el Estado en estos días. Esos no son honorarios profesionales y lo que queremos es que nos expliquen de donde surgen esos montos. Si son, son de unos pocos colegas que no son la mayoría”, expresó Cabrera. Asimismo, Cabrera dijo que meterse con los honorarios de los abogados es desafortunado. “Jamás hemos hablado de los sueldos de ellos”, dijo.
Cabrera señaló que solo quieren la apertura de Tribunales teniendo en cuenta que el Gobernador Gustavo Bordet ya anunció la apertura de la administración pública. Y manifestó que lo mismo sucede en la municipalidad de Concordia además del comercio local. “Los jueces van al supermercado, van a los comercios, van a todos lados y ¿por qué no abren los Tribunales?” se preguntó.
Encuentro en Paraná
En tanto, Carbonell y Canavesio dialogaron sobre el funcionamiento de la prestación del servicio de justicia, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional ante la pandemia (COVID 19).
En el encuentro, se intercambiaron opiniones y propuestas relacionadas a las formas y tiempos en que se deben ir desarrollando los procesos para el restablecimiento total del funcionamiento del sistema judicial.
Petitorio
En la nota entregada al STJ y al municipio, se señala que “se impide el derecho de ejercer nuestra profesión, y a los ciudadanos de Concordia el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades; ambos de raigambre constitucional y protegidos por pactos internacionales”, indicaron.
“Los plazos procesales se encuentran suspendidos, generando un enorme perjuicio a toda la ciudadanía, encontrándose la inmensa mayoría de los juicios paralizados. Durante el 2020 sólo hubo días hábiles procesales en febrero y la primera quincena de marzo; es decir poco más de un mes”, recordaron.
Por otra parte, mencionaron que el sistema informático online implementado y al que el propio Superior Tribunal de Justicia, ha considerado como una solución, “es absolutamente ineficaz, ineficiente e insuficiente para la prestación del servicio esencial de justicia, ya que con la plataforma frecuentemente colapsada los trámites que se logran realizar quedan acotados a su mínima expresión; quedando infinidad de actos procesales postergados sin plazo de vencimiento”.
En la ciudad de Concordia funcionan, con los protocolos sanitarios del caso, servicios no esenciales, habida cuenta que no existe registro de circulación comunitaria del virus y, sin embargo, cuestionan que el STJ insiste con mantener el servicio de justicia acotado a guardias mínimas. “Prácticamente el 85% de la actividad se encuentra desarrollándose: bancos, comercios, construcción, recreación, actividad pública provincial y municipal, por caso, algunos ejemplos. Todas con los correspondientes protocolos sanitarios y distanciamiento social obligatorio”.
“Con la habilitación de recreación y esparcimiento los funcionarios y empleados judiciales circulan por la ciudad, entonces por qué no lo pueden hacer en los edificios de tribunales trabajando como lo hacemos el resto de los ciudadanos”, indicaron.
“En Concordia, sólo se han detectado dos casos de COVID-19, resueltos satisfactoriamente”, recalcaron. Y añadieron que, en la ciudad, las autoridades municipales han tomado recaudos y control suficiente para el ingreso y egreso de personas y/o cosas; de modo tal que está literalmente cerrada y controlada.
“No cuidan a la ciudadanía con valores de solidaridad recíproca, sino con un sentido corporativo e individualista, distingue entre ciudadanos con derechos a ser cuidados. Los abogados y el resto de la ciudadanía podemos exponernos en nuestros estudios jurídicos y en las calles trabajando, pero los funcionarios y empleados del Poder judicial son una clase especial a la que la ciudadanía debe resguardar”, manifestaron.
