Las recientes convulsiones originadas por la compra de alimentos de parte del Estado Nacional -pagando valores por encima de los estipulados en lista de precios máximos que este mismo confeccionó- en la disyuntiva de atender la urgencia o entrar en otra pelea engorrosa dentro de la coyuntura apremiante que se va abordando y subsanando sobre la marcha, presenta un panorama de situación inmediata de tintes conflictivos de la que no se puede soslayar su abordaje.
En el contexto actual, en el que casi todos pierden, hay quienes no se resignan ya sólo a perder quizás, siquiera a empatar de mínima, sin importarles las consecuencias humanitarias y en detrimento de adecentar la vida de la gente de a pie.
Si las grandes empresas de alimento se pueden “cartelizar” y plantársele al Estado en su rol de comprador de primera mano en medio de una situación excepcional, no hay que ser muy imaginativo para arriesgar qué pueden hacer en la cadena –Echar gente a mansalva o curar carne podrida con lavandina y cloro, por ejemplo- hasta llegar a los consumidores comunes y pasivos que día tras día salen a buscar sus alimentos.
Ahora, el presidente dio la orden de que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el propio Estado fija… Pero, entre el dicho y el hecho, hay un trecho; y permitámonos pensar qué pasaría si los grandes jugadores no declinan su actitud.
Valoremos un escenario en el que las grandes empresas productoras y distribuidoras de insumos necesarios e indispensables consideren que es poco rentable o improductivo producir en las condiciones actuales, con los costos actuales, para vender en los precios estipulados, según el decreto presidencial que retrotrae los valores al 6 de marzo del corriente y que, ahora también, agrega no habilitar compras por encima de los precios máximos estipulados.
Imaginemos la postura de empresas de la primera línea manteniéndose firmes en sus números, en sus pretensiones y arrastrando tras de sí a todos los eslabones de la comercialización; o dejar de producir, dejar de entregar las mercaderías ante la posibilidad de pérdidas que no están dispuestos a afrontar.
Desde el abanico opositor (entiéndase este por partidos políticos, entidades empresarias, medios de comunicación) van “in crescendo” las manifestaciones de descontento por la prolongación de la cuarentena, a la que tildan de exagerada e irresponsable, según las noticias de Infobae. Señalan que el presidente construye su fortaleza política al “amparo de la peste”, aprovechando la conmoción causada por la misma “para acumular un poder que no tiene de origen”, aclaran desde Clarín; Haciendo del miedo un aliado fundamental: “Un gran ordenador social que ha hecho cumplir masivamente una decisión presidencial como nunca en la historia sin bayonetas en las calles”, escriben -sin poca nostalgia, envidia y asombro- en La Nación.
Juegan con el cruce de ideas entre “cuarentena administrada” y “cepo al dólar” que trasunta en “cepo a las libertades”. Y ya se preguntan: “¿Hasta cuándo durará la tolerancia masiva a las consecuencias no deseadas del confinamiento?”
Nada es inocente. Nada es ingenuo.
Se asoma el malestar y el enojo de sectores influyentes en la vida del país por haber sido apuntados como sujetos viables de impuestos extraordinarios por sus fortunas extraordinarias; de verse expuestos como parte de esa crasa privilegiada que vive ajena a los avatares del resto de las habitantes y que nunca se mueve si no es por sus particulares intereses económicos; señalados muchos de ellos como delincuentes económicos que han acumulado sus riquezas a base de ingenierías contables, vacíos legales, maniobras ilegítimas, influencias y posiciones ventajosas y no –justamente- por ser brillantes emprendedores y probos hombres de negocios.
La corrección política es una zona de confort que se puede tornar incómoda cuando mucho de lo que se tiene viene de la incorrección.
Imaginemos al poder real – el poder económico- perdiendo el decoro y el freno que esta situación delicada de salud mundial les impone, por ahora. “Los más ricos –dijo ayer el ex presidente Mauricio Macri, en una reunión de la mesa del PRO, según consigna el diario Clarín- no serán los primeros en soltar el morral; quien tenga algo, lo va a cuidar…”.
En los próximos días el Gobierno Nacional saldrá a comprar nuevamente mercaderías exigiendo que se cumplan los precios máximos que él mismo dispuso. En estos días también los intendentes –su gente y los organismos competentes- deberán salir a controlar los precios en las góndolas de comercios grandes y chicos.
¿Conseguirá quiénes le quieran vender? ¿Seguirán produciendo las grandes empresas si sus números no le satisfacen? ¿Se animarán a concentrar stock con el riesgo de que puedan ser confiscados en caso de no respetar la normativa y ante la necesidad imperante? ¿Adquirirán y expondrán las mercaderías los comercios si sus costos de compra y de funcionamiento no tienen correlato en los precios para la venta al público?
¿Está determinado el poder político, en su ejercicio del control del Estado, a ejecutar una intervención sobre esas empresas? ¿Movilizar la producción privada para luchar contra el coronavirus y obligar a la industria a producir suministros médicos y alimenticios esenciales, a precios populares y cuyo único comprador y distribuidor podría sea el propio Estado?
La paz social podría estar en juego. Y entonces, ¿de qué lado nos pararemos como sociedad?
No hay economía sin vida, ni vida sin economía. Lo que no se puede es dejar esta disyuntiva falaz en manos de perros y buitres acostumbrados a comer de la osamenta.
