En diálogo con DIARIOJUNIO, Sierra dijo, en aquél momento pedimos prudencia, explicamos que ese fallo no era definitivo, por existir todavía instancias de revisión Judicial, que lo considerábamos equivocado en sus fundamentos y por sobre todo, se realizó en tiempo y forma el planteo judicial correspondiente mediante un Recurso de Inaplicabilidad de Ley.
Con fecha 17 de febrero de 2020, finalmente el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos decidió:
DECLARAR PROCEDENTE el recurso de inaplicabilidad de ley deducido…,
CASAR la resolución de la Sala Segunda Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concordia obrante…,
RECHAZAR la excepción de prescripción planteada y
DEJAR FIRME la resolución de primera instancia…, en cuanto sentenció llevar adelante la pretensión de cobro por vía del presente apremio fiscal, bajo las modalidades allí ordenadas.
IMPONER costas en todas las instancias a la vencida.
El fallo, dictado en el marco de los autos caratulados «MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA C/ SANATORIO CONCORDIA S.A. S/ APREMIO»- Expte. Nº 8053 actualizado a la fecha implica para la Municipalidad el derecho a cobro de más de tres millones de pesos.
En palabras del asesor económico Alvaro Sierra a DIARIOJUNIO, “destaco la importancia de éste pronunciamiento del más alto organismo Judicial de nuestra provincia, porque pone de manifiesto el profesionalismo con el que la Municipalidad actúa, no sólo desde el comienzo de las inspecciones, a través de los inspectores, sino también luego a través de sus equipos técnicos y la asesoría letrada que durante los cuatro años de la Gestión del Intendente Enrique Cresto no ha perdido ni un solo juicio en referencia a cuestiones fiscales; y por supuesto felicitar a los abogados de la Municipalidad, que en defensa de intereses que en definitiva son de todos los Concordienses, han realizado el esfuerzo de llevar éste Juicio hasta las más altas instancias de nuestro fuero, logrando así que importantes sumas no se pierdan por tecnicismos”.
Si bien remarco Sierra que la política del Municipio siempre ha sido tratar de evitar la conflictividad y sobre todo la litigiosidad que, tal como en éste caso, traen aparejados también altas costas que tendrá que soportar el Sanatorio, ante las posturas inflexibles de algunos contribuyentes, se ha tenido que proceder a defender los intereses públicos, y se lo ha hecho con precisión, justeza y oportunidad.
